Colombia y el postconflicto

Por: Erich Saumeth

Hacia finales del 2015 tuvo la oportunidad de expresar su apoyo al inicio del conteo para la firma final del acuerdo de paz, luego de un largo proceso en el que en su momento se abocó el Gobierno colombiano con la hasta hace poco agrupación subversiva FARC-EP. Luego de años de conversaciones entonces se anunciaba la dejación de armas por parte de esta organización, que pasó a convertirse en un nuevo grupo político.

Esta nueva etapa sociopolítica en la que ha entrado esta nación, que ha sido denominada postconflicto, es presumible que se constituirá en el ambiente político ideal para la reconstrucción del tejido social de este país.

Es entonces una histórica oportunidad para la reorganización estructural, así como para la reorientación de esfuerzos y el re direccionamiento de programas, gracias a la estabilidad política y a las expectativas de cambio y transformación, que no son ajenas a las Fuerzas Armadas de esta nación y para la cual han venido anticipándose.

Es precisamente para este escenario para el que doctrinalmente se vienen preparando y adaptando las Fuerzas Armadas y que se ha visto reflejado en los recientes anuncios de reestructuración, materializados en la creación de tres jefaturas de Estado Mayor de su Ejército con el fin de sustituir la jefatura única que había hasta la fecha y que es reemplazada por las jefaturas de Planificación y Política, Generadora de Fuerza y Operaciones, que se apoyaran a su vez en cuatro nuevas armas (para un total de doce) y que son las de Fuerzas Especiales, Acción Integral, Personal y Policía Militar.

El objetivo del Ministerio de la Defensa es la transformación del Estado Mayor como centro neurálgico de la fuerza, para adaptar al Ejército a nuevas amenazas, y haciéndolo más flexible frente a las nuevas misiones que surgirán en el postconflicto, particularmente en los temas de cooperación regional e internacional (como por ejemplo la OTAN), así como en la participación en misiones bajo el mandato de las Naciones Unidas.

Se prevé entonces que esta nueva etapa será primordial además para el desarrollo de las capacidades industriales del sector de la defensa de este país, que y en vistas de los nuevos y futuros escenarios, permitirán su priorización a través principalmente de procesos I+D, gracias a que Colombia es referente internacional en la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, lo que le ha permitido a su vez crear la marca “probado en combate” y que ha sido hábilmente desarrollada y promocionada por el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) y a través de sus empresas y corporaciones tales como Indumil, Cotecmar, CIAC y Codaltec.

Sin embargo es también necesario modificar las prioridades desde el punto de vista presupuestario, siendo un ejemplo de ello las asignaciones que para la Defensa se causaron durante la vigencia 2016-2017.

De hecho, el conjunto de las Fuerzas Armadas colombianas encuadran en este momento 482.154 hombres y mujeres, de ellos 291.771 en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada y 190.443 en la Policía (más 23.993 civiles), para las cuales se destinaron aproximadamente 10.350 millones de dólares (30 billones de pesos), de los que el 96,3% (28,9 billones de pesos) se han empleado en gastos de funcionamiento, representados en gastos de personal (14,2 billones de pesos), bienes y servicios (4,4 billones de pesos), operaciones comerciales (1,6 billones de pesos), pensiones (6,6 billones de pesos), otros (1,8 billones de pesos ) y solo un 3,7%, es decir menos de 215 millones de dólares, se han venido empleando en inversión y en el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las mismas, cifras que representaron para el 2017, solo un aumento del 2% (120 millones de dólares más) respecto de las cifras presupuestales del pasado 2016.

En este sentido, el titular de la defensa, Luis Carlos Villegas, resalto el respaldo del Ejecutivo y del Congreso, que se manifestó en la aprobación de las sumas referidas, de las cuales cerca de 4.772 millones de dólares, se destinarán al robustecimiento del conjunto de las Fuerzas Armadas, que mantendrán su actual pie de fuerza por lo menos durante lo que resta de la actual administración.

Evidentemente las cifras por sí solas reflejan una realidad muy distinta, pues con cerca de solo 215 millones de dólares para inversión, son muy pocos los sistemas de defensa que pueden incorporarse y que esta nación requiere con urgencia, no solo para darle cumplimiento a uno de los postulados de la “política integral de seguridad y defensa para la prosperidad”, sino para compensar un cada vez mayor desbalance estratégico regional desfavorable en estos momentos y en un escenario geopolítico fronterizo cada vez más complicado.

Y es que en este sentido basta con recordar lo que en pasadas ocasiones ya hemos mencionado y en relación a la necesidad de adelantar con mayor celeridad proyectos tales como el Sistema Integral de Defensa Aérea (Sisdan), todavía no finalizado, o la implementación de un programa para la adquisición de un tanque principal de batalla, el financiamiento real del programa de Plataformas Estratégicas de Superficie (PES), la construcción de la nueva base naval para la Armada, y por supuesto la renovación completa de las instalaciones del Ministerio de la Defensa (CAN), todas los anteriores programas que son ya inaplazables.

El gasto de la defensa colombiana, entonces, aumentó en solo un 2% ciento y su peso en el producto interno bruto de este país pasó de un 3,7% a un 3,4%, lo que sin lugar a dudas ha incidido además (no tan positivamente) en las actuales percepciones y situaciones de seguridad urbana, que vienen degradándose desafortunadamente.

De hecho y en el tema de seguridad y convivencia ciudadana, no ha habido –ni ha sido implementada- una política clara, coherente y medible a mediano y largo plazo, que haya podido incidir positivamente en los elevados índices de inseguridad que en estos momentos afecta tanto a las grandes ciudades como a las poblaciones intermedias y que ya es uno de los principales temas de debate en la carrera presidencial colombiana para el 2018.

La construcción de unas reales capacidades mínimas disuasivas, así como la urgente adopción de medidas para recuperar la seguridad ciudadana, son las tareas que sin duda deberán estar en la agenda del próximo presidente de los colombianos.