Álvaro Uribe: ¿Víctima de su propio invento?
- Redacción Acta diurna
- 5 ago 2020
- 10 Min. de lectura
La investigación contra Álvaro Uribe surgió de un auto inhibitorio de la Corte Suprema, no a favor de él, sino del senador Iván Cepeda Castro, a quien el propio expresidente había señalado de manipular testigos.
El caso se remonta a un debate que promovió el senador Iván Cepeda en el Congreso, en donde se señaló al expresidente Uribe y a su hermano Santiago como posibles determinadores en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Tras este hecho, el exmandantario denunció penalmente a Cepeda Castro ante la Corte, porque supuestamente manipuló a algunos de los testigos, dándoles prebendas y hasta dinero, para que declararan en su contra y afirmaran que colaboró en la conformación de las autodefensas.
Luego de varios años de investigación, el 16 de febrero de 2018, el alto tribunal anunció su decisión de archivar la indagación preliminar que se abrió contra el senador Iván Cepeda.
La Corte determinó que no había evidencia suficiente para investigar a Cepeda, pero sí halló mérito para remitir copias e indagar si el senador del Centro Democrático habría incurrido en el mismo delito que denunció.
En medio de este proceso, el alto tribunal recibió información según la cual desde mediados de febrero habrían aumentado las presiones en contra de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave en contra de Santiago Uribe Vélez.
Desde ese momento, el alto tribunal decidió abrir una nueva línea de investigación en la que se recopiló evidencia sobre los contactos con Monsalve.
Entre las pruebas que tiene la Corte se encuentran interceptaciones de conversaciones, que incluyen al abogado Diego Cadena y a su socio Juan José Salazar, quienes habrían sido los encargados para supuestamente cambiar la versión de Monsalve.
La primera decisión que tomó la Corte Suprema fue aumentar la seguridad de Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, donde comenzó a ser vigilado las 24 horas del día y se le adaptó una estufa para que él mismo cocinara sus alimentos, luego de que se frustrara un intento de envenenamiento. También se adaptaron elementos para registrar las actividades relacionadas con Monsalve, incluyendo un reloj que grababa audio y video.
El pasado 21 de febrero, la Corte recibió por parte de Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, información sobre contactos con Monsalve a través de un conocido, quien le habría manifestado que un miembro del partido Centro Democrático del Huila (Álvaro Hernán Prada) quería contactarlo para que supuestamente se retractara en su versión.
“Lo abordó y le pidió que tramitara –con él– un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones”, dijo Eduardo López, conocido de Monsalve.
Según la evidencia recopilada por la Corte, el abogado Diego Cadena asistió a la cárcel La Picota, entre el 21 y 22 de febrero, para visitar a Monsalve, acción que se habría facilitado por intermedio de Eduardo Pardo Hasche, otro prisionero del penal.
El alto tribunal agregó que el 22 de febrero Cadena visitó a Hasche y al mismo tiempo asistieron al penal el abogado Jaime Lombana y la mamá de su novia, María Mercedes Williamson de Londoño.
“En desarrollo de la conversación, el abogado Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre de Álvaro Uribe Vélez y le pidió firmar un documento previamente elaborado, con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 16 de febrero”, dijo el auto de la Corte.
A cambio de dichos documentos, Cadena le habría ofrecido sus servicios para presentar una acción de revisión a la condena que paga en prisión, sin costo alguno, además de gestionar beneficios carcelarios.
Al parecer, Monsalve se negó porque no quería que le iniciaran un nuevo proceso por falso testimonio, que a la postre terminaría por aumentarle la pena a 35 años que paga en la actualidad por los delitos de concierto para delinquir y secuestro.
Cadena lo visitó en dos ocasiones más en las que se habría acordado realizar un documento de puño y letra de Monsalve ofreciendo disculpas a Uribe y retractándose (según dijo la Corte) de la siguiente manera: “Fui víctima de una falsa ilusión ofrecida por ese senador (Iván Cepeda Castro)”. El proceso contra diego Cadena
El juez 25 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías decidió programar la continuación de la audiencia en la que decidirá si cobija al abogado Diego Cadena con detención domiciliaria para mañana jueves 6 de agosto.
En este proceso, Cadena, quien hasta la semana pasada era abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y su colega de oficina Juan José Salazar, deben responder por los delitos de soborno en la acción penal y fraude procesal.
La Fiscalía solicitó cobijarlos con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, petición que fue secundada por la Procuraduría, mientras que la representación de la víctima, el senador Iván Cepeda Castro, pidió que lo enviaran a prisión.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la Fiscalía, la intención de Cadena al cambiar los testimonios de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, ambos exparamilitares, era hacer incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia respecto a la información recolectada en el proceso que, inicialmente, se surtió contra Cepeda y que luego dio pie al nuevo expediente contra Uribe.
El abogado defensor de Diego Cadena, Iván Cancino, escribió en Twitter: “La presión mediática no decide el resultado de un proceso , lo deciden los hechos y cómo (estos) evidencien legal y oportunamente”.
Los posibles efectos políticos de la medida contra Uribe
La noticia de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento al expresidente y senador, Álvaro Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno, en el marco del proceso que adelanta en su contra, ha generado una tormenta política en el país. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, fue el trino con el que el expresidente, líder natural del Partido Centro Democrático, confirmó la decisión del alto tribunal.
La decisión, que había anticipado su partido en un duro comunicado de prensa hace algunos días, no ha parado de generar controversia desde los distintos sectores políticos, sin embargo, pese a que se trata de una medida preventiva abre un hito en la historia reciente del país.
Para el analista político Jorge Iván Cuervo este es apenas el comienzo de un largo camino jurídico y político para el caso del expresidente Álvaro Uribe, debido a que no se sabe cuánto pueda tardarse el alto tribunal en tomar la decisión, mientras, agrega, las reacciones en favor y en contra no pararán.
En este sentido, Cuervo indica que a nivel político los sectores afines al expresidente Uribe cerrarán filas alrededor de él con el objetivo de defender su inocencia, utilizando los argumentos que han venido invocando desde hace mucho tiempo: “que se está consolidando una persecución política disfrazada de fallos judiciales”.
De hecho, en el comunicado de prensa que publicó su partido antes de la decisión se señaló en relación al senador que: “Distintos elementos asociados a la izquierda armada comenzaron a tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar -en la percepción pública- la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable. Haber cumplido respetuosamente los llamados que le ha hecho la justicia es la mayor prueba de su talante democrático”.
De igual forma, Cuervo advierte que el sentimiento de inconformidad se seguirá produciendo en los distintos sectores tanto uribistas como no uribistas, pero que, paradójicamente, le puede servir al Gobierno del presidente Iván Duque Márquez porque queda también como una supuesta víctima de esa persecución política que se ha venido invocando desde los sectores afines al expresidente.
Mauricio Jaramillo, experto en política, añade que lo que se va a ir presentando es una polarización mucho más profunda a nivel político, pero, para el caso de los uribistas, enfilada en contra de la justicia, y por el lado de los antiuribistas, encaminada a la defensa de la institucionalidad.
Sin embargo, en relación con las consecuencias que esta decisión trae para el Gobierno del presidente Iván Duque, Jaramillo indica que es un golpe a la legitimidad del presidente porque él llegó al poder con el aval de Uribe y del Centro Democrático. “Es un proceso que va a ser largo, que va a ser complicado, que abre una nueva brecha en la historia política de Colombia y, tal vez, el proceso judicial más importante en el último tiempo”, dice.
Jaramillo argumenta que lo de Uribe se suma a una serie de golpes que han venido debilitando la credibilidad del Gobierno del presidente Iván Duque, como el hecho de que el hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez haya sido condenado por narcotráfico o el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’.
Pero, sin duda, manifiesta Jaramillo, sale a relucir, otra vez, la vieja disputa sobre la firma del acuerdo de paz con las FARC, debido a que uno de los argumentos de los uribistas es que los antiguos excombatientes tienen que pagar por los delitos que cometieron durante los años que estuvieron en la ilegalidad.
En uno de los apartes del comunicado del Centro Democrático se señala que: “Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: Los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”.
Pero para Jaramillo retomar el tema de las FARC en este sentido termina siendo algo retórico, en el sentido de que los miembros de esta antigua guerrilla surtieron un proceso de paz que fue público, pese a que ha habido algunos inconvenientes con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los grupos disidentes.
Es por esta razón, agrega el analista, que el partido político de las FARC generará rechazo a los uribistas y hasta en los no urbistas, que van a querer defender la tesis de que no se trata de una persecución política sino de la ratificación de que las instituciones son independientes. “La idea del antiuribiusmo es que el caso no tenga matices políticos sino que sea visto como un proceso en derecho y no de retaliaciones. En la medida en que las FARC hagan declaraciones, le estarían dando argumentos al Centro Democrático”, añade.
En este sentido, el mismo presidente Iván Duque señaló que la sociedad colombiana no puede comprender que quienes laceraron el país continúen sin ninguna condena, mientras a las personas que lucharon por la seguridad se les cercena sus derechos.
Cuervo agrega: “Es más fácil armar un discurso político alrededor de que injusto que el presidente que "derrotó a las FARC" termine preso, mientras que los líderes exguerrilleros están en el Congreso, pero las FARC están ahí por un acuerdo de paz y en el caso de Uribe hay unas denuncias ante la justica sobre posible compra de testigos”.
La oposición jugará un papel importante en el escenario político debido a que el proceso contra Uribe tiene relación con el senador Iván Cepeda, uno de los líderes más importantes del Polo Democrático y que termina beneficiando, por el momento según Jaramillo, a la izquierda colombiana , en medio de las fracturas que hay en su interior.
Carlos Andrés Arias señala que este hito genera un nuevo orden político nacional y una reestructuración de las fuerzas políticas con miras a las posibles elecciones, en un escenario mucho más polarizado por lo que significa Álvaro Uribe Vélez para muchos ciudadanos.
Los presidentes que han sido procesados judicialmente en Colombia
Aunque la medida de detención contra Álvaro Uribe representa un acontecimiento histórico para el país, no solo por sus matices políticos sino por toda la tensión social que genera, esta no es la primera vez que un Presidente de la República se ve envuelto en investigaciones y procesos judiciales que, eventualmente, terminan en decisiones penales. En 1921 el entonces presidente Marco Fidel Suárez, conocido (como buen exponente de su época por valerse de columnas y letras para sus luchas políticas, fue sometido a una moción de censura por parte del Senado de la República, en un momento de alta agitación social por la turbulencia económica que sacudía al mundo.
La decisión de haber removido de su cargo a los directores del Banco Mercantil de Nueva York, sucursal Bogotá, Alfonso López y Luis Samper Sordo, le costó a Suárez ser tildado de vendido a los intereses norteamericanos. Luego se conoció que había vendido los sueldos de los directores correspondientes a un semestre al Banco Mercantil Americano de Colombia. Tras un largo proceso, Suárez renunció dejando como sucesor a Jorge Holguín.
“Ese juicio se terminó convirtiendo en un episodio de política de facciones, teniendo en cuenta que quienes le hicieron oposición a Suárez eran miembros del mismo Partido Conservador. La acusación de la que fue objeto era conocida como indignidad. En ese entonces estaba muy vivo en la memoria el asunto de la separación de Panamá. Él, en su momento, había sido el canciller que promovió la firma del acuerdo que normalizaba las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, se terminó mezclando”, señaló el historiador Arnovy Fajardo, docente de la Universidad Externado.
Gustavo Rojas Pinilla fue sometido a juicio por cargos de abuso de poder al comprobarse que le permitió a la aduana de Buenaventura importar cerca de 180 novillos, sin aranceles, provenientes de América Central. Fue el Congreso de la República la institución que abrió el proceso, siendo remitido el caso a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, terminando con una acusación ante el Senado. Rojas salió del poder el 10 de mayo de 1957.
“Cuando Rojas renunció al gobierno en 1957, se exilió en España. Regresa a inicios de los 60. En el juicio que le hacen, quieren meter toda la responsabilidad referente a la dictadura. Sin embargo, Rojas Pinilla utiliza ese mismo juicio político más relacionado con corrupción y contrabando de ganado, se vuelve un juicio político sobre los responsables de la violencia en Colombia. Él se vale de todo eso para la fundación de la Anapo, el partido de la Alianza Nacional Popular, uno de los principales opositores al Frente Nacional”, añadió Fajardo.
En otros procesos, pero que no dieron resultados similares, está el Proceso 8000, uno de los casos judiciales más recordados, que fue identificado de esta forma por el número de un expediente en la Fiscalía de Cali, que trataba de un allanamiento a las oficinas de un contador chileno vinculado al Cartel de Cali.
El 27 de febrero de 1996, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el entonces presidente Ernesto Samper, la cual reveló algunos vínculos con narcotraficantes. El 6 de julio de ese mismo año, la Cámara liberó a Samper, quien fue declarado ni culpable ni inocente.
“El caso de Samper hay que recordarlo como una vergüenza nacional por los dineros calientes del Cartel de Cali para su campaña presidencial. Todo su mandato estuvo defendiéndose, mientras el país estaba en crisis y con un gran desprestigio. Ahí se muestra la corrupción tan evidente de la clase política nacional”, señaló . COLPRENSA
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