Unificación de periodos: el debate apenas comienza

Tras pasar su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto de reforma constitucional que propone la unificación de periodos de las autoridades locales con las nacionales sigue generando polémica. El principal nudo está en la propuesta de ampliar los periodos de los actuales gobernadores y alcaldes.

El articulado, que busca que las elecciones legislativas se realicen en 2022 junto con las de gobernadores y alcaldes para iniciar los periodos con pocos días de diferencia del inicio del mandato presidencial, de ser aprobado en los siete debates que le quedan en el Congreso suprimiría los comicios de 2019 para seleccionar a los nuevos mandatarios locales y, de esta manera, los ganadores en las elecciones de 2015 permanecerían por un periodo más en ellos.

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Esta propuesta no le ha gustado a varios sectores políticos del país, que desde ya tienen sus fichas listas para ganar gobernabilidad en el ámbito regional, en especial aquellas que crecieron en votaciones durante las últimas elecciones, tanto presidenciales como legislativas, y que pretenden consolidar esos apoyos en las urnas de 2019.

Así lo confirma la experta en política y profesora de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, quien señala que los que promueven esta iniciativa son precisamente los movimientos políticos que les conviene mantenerse en estos poderes locales, que para este caso son La U y Cambio Radical, estructuras que actualmente tienen alta representatividad en las regiones.

“Los partidos a los que menos les podría convenir la extensión del periodo son aquellos que se encuentran en un proceso de crecimiento, de posicionamiento nacional. Allí hay que pensar en el mismo Centro Democrático (colectividad del presidente de la República, Iván Duque), porque inició su trabajo hace relativamente poco, frente a los otros partidos tradicionales. Esta es su segunda elección local y siempre han dicho que tienen el propósito de abrir organizaciones de cuadros regionales, construir liderazgos locales”, dice la experta.

En términos generales, las colectividades que más alcaldías y gobernaciones ganaron en 2015 y que, de ser aprobado el proyecto, seguirían con estos liderazgos, fueron Cambio Racial, La U y los liberales, dejándoles poco espacio a los conservadores y el Centro Democrático, quienes son parte del Gobierno Nacional.

Sin embargo, este panorama podría cambiar si se realizan las elecciones de 2019, donde habría una gran competencia por parte de fuerzas como la Alianza Verde, la Lista de los Decentes, el Polo Democrático y otros movimientos de Centro-izquierda, que les fue bien en los distintos comicios que se hicieron en lo que va corrido del año.

Para el analista Dany Oviedo, Presidene Ejecutivo de de la Corporación Caribe - Corcaribe, "la unificación de periodos de autoridades nacionales y locales es un error y resulta nocivo para nuestra débil democracia. Además es una burla de la clase política a los electores. Los ciudadanos votaron por autoridades locales para 4 años y no para 6. En la práctica, el Congreso y no el pueblo estaría eligiendo quien ostenta los cargos políticos en las regiones durante dos años, por lo que de ser definitiva la decisión, lo mejor sería plantear un régimen de transición para dicha unificación".

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Por su parte, Carlos Andrés Arias Orjuela, analista de la Universidad del Externado, añade que a partidos como Cambio Radical le hace bien este proyecto, en la medida que ha demostrado que tiene la mayor estructura política o lo que se conoce como maquinaria. “Que se unifiquen los procesos de elección benefician esas estructuras de maquinaria política, porque les genera menos gastos”, agrega.

Por esta razón es que líderes, como la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, aseguran que los ciudadanos son los que deben decidir por los gobernantes que quieren en el periodo que inicia el año entrante, porque sería contrario a los principios democráticos pretender alargar un periodo a personas que fueron elegidas por cuatro años.

“Si lo que queremos es generar mecanismos para articular planes de desarrollo, para garantizar los ciclos presupuestales, para asegurar que la ley de garantías no interrumpa las ejecuciones, hay otras maneras de hacerlo. El único interés que hay aquí es alargar el periodo a los alcaldes y gobernadores y por eso me he opuesto de manera contundente”, agrega Goebertus.

Por su parte, César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical y uno de los ponentes de la iniciativa, negó que esta fuera la intención del proyecto, argumentando que se hizo con la participación de distintas fuerzas políticas que coinciden en que sería beneficioso para el Estado poder ahorrar recursos y articular funciones entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.

Sin embargo, el analista político Jhon Mario González agrega que sería “exótico o torpeza política que el Centro Democrático y el mismo Partido Conservador, habiendo llegado al poder, no vayan a querer aprovechar las elecciones locales de 2019 para aumentar el poder, cuando en 2015, al menos al Centro Democrático le fue mal, porque solo ganó una gobernación y pocas alcaldías”.

El senador Álvaro Uribe Vélez, líder nato de la Centro Democrático, indicó que prefería la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que la prórroga de los periodos, argumentando que unificar periodos crea monopolios de partidos. “Elecciones frecuentes obligan a trabajar con la comunidad y evitan burocracias apelmazadas”, añadió.

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Para González, es irresponsable unificar los periodos, tanto de autoridades locales como nacionales, porque en ninguna democracia se juega todo el poder político en una sola elección. “Esa unificación también extendería el período presidencial a cinco años, para alinear con las elecciones locales y resulta que una extensión del periodo presidencial no es como quitarse un calcetín y ponerse otro”, indica.

Arias, por su parte, señala que uno de los beneficios del proyecto se vería en la gestión de los mandatarios, porque se podría articular la construcción de políticas públicas de mediano plazo y de alcances importantes que beneficien los procesos democráticos de gestión y de infraestructura.

“En estos momentos, en el primer año el mandatario llega a recibir lo que le dejó su antecesor en términos de ejecución del plan de desarrollo y dura más o menos seis meses organizando la casa. Tarda más o menos dos años para poder llevar cabo su plan de gobierno. Cambiar esto sería un pro de la propuesta”, añade.

No obstante, el analista se manifiesta en desacuerdo con la extensión de mandatos de los actuales gobernadores y alcaldes, porque los electores votaron para que ellos permanecieran por un periodo de cuatro años. Agrega que es un abuso a la democracia y una ofensa a la Constitución. “ Es lo más parecido a la venezolanización de la Constitución”.

Frente a esto, Patricia Muñoz señala que las reglas de juego no se deben cambiar. Sostiene que en su momento hubo varias razones para sugerir la separación de las fechas de las dos lecciones, como que había una “enorme influencia” de las elecciones nacionales a nivel local.

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“Esto es una prueba de la improvisación e irresponsabilidad del Gobierno, porque eso no estaba como prioridad en la agenda legislativa. Es un haz bajo la manga que se saca un parlamentario de Cambio Radical, porque el Congreso está a la deriva por falta de liderazgo de la ministra del Interior (Nancy Patria Gutiérrez) y del Gobierno. La extensión del periodo a los actuales mandatarios tiene vicios de inconstitucionalidad. Y los argumentos sobre sus ventajas son frágiles y peregrinos porque la unificación de los periodos ya se hizo en Colombia en 1970 y 1974, y la experiencia fue negativa”, añade González. COLPRENSA / AD