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El Estado colombiano no protege a los líderes sociales

  • Foto del escritor: Redacción Acta diurna
    Redacción Acta diurna
  • 4 may 2018
  • 2 Min. de lectura

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) denunció este jueves que los líderes sociales y defensores de derechos humanos no son protegidos por el Gobierno Nacional tras el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC.


Así lo manifestó John Jairo Montoya, investigador y miembro del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep, durante la presentación del informe ‘No son líos de faldas, son líos de tierras’, en el que se evidenció el incremento en la violación de los derechos de los líderes en el país el año pasado.



El nombre del estudio hace referencia a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a finales del año pasado atribuyó los asesinatos de líderes sociales a disputas por tierras y linderos, por rentas ilícitas, e incluso a “líos de faldas”.


El informe detalla que al menos 16 líderes sociales fueron víctimas de desaparición forzada durante el 2017 y que “Se continúa amenazando y asesinando a líderes y defensores de derechos humanos de manera premeditada".


“El acuerdo de paz está amenazado en tres puntos, uno de ellos es en el cumplimiento de lo pactado. Este reporte demuestra que este acuerdo ha sido seriamente incumplido por parte del Estado, como con el asesinato sistemático de líderes, defensores de derechos humanos y líderes reclamantes de tierras”, manifestó Montoya.


El año pasado, un total de 10 líderes reclamantes de tierra fueron asesinados por “agentes directos o indirectos del Estado”, mientras que en 2016 la cifra registrada fue de un solo caso, destacó el Cinep en el documento.


De igual forma, Montoya aseguró que no se están ejecutando las sentencias que los jueces emiten en favor de las víctimas que reclaman sus terrenos y calificó de “ineficaz” la política de restitución.



Además de este punto, el investigador dijo que la legitimidad y estabilidad del acuerdo, firmado por la FARC y el Gobierno colombiano en noviembre de 2016, peligran por amenazas de algunos candidatos a la Presidencia del país.


“El acuerdo de paz tiene una legitimidad formal, pero eso no quiere decir que el acuerdo tenga una legitimidad política, ha sido sistemáticamente atacado por sectores fuertes y estridentes de la sociedad colombiana”, agregó Montoya sin especificar a quién hacia referencia.


Por esto hizo un llamado a la sociedad civil para “abandonar la indiferencia” y tomar la paz como una bandera de ampliación de la democracia en Colombia.


Protección colectiva


El ministro del Interior, Guillermo Rivera, en el marco de la mesa regional para la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, anunció que el Gobierno pondrá en marcha el primer plan para la protección colectiva de las comunidades.



“Desde la semana entrante vamos a iniciar, junto con la Gobernación de Nariño, los alcaldes de la Costa Pacífica Nariñense, las comunidades de esta región y las autoridades tradicionales, la construcción de ese derrotero para que la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado puedan proteger a esas comunidades”, dijo Rivera.


El Cinep reportó que los departamentos más afectados por violencia a líderes son Valle, con 262 hechos victimizantes, seguido por Cauca, con 253; Antioquia, con 149; Chocó, con 112; y Bogotá, con 108. VANGUARDIA

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