Ya son cinco los congresistas a los que la Procuraduría General de la Nación les abrió una investigación disciplinaria, de manera preliminar, por hechos ocurridos en el marco del paro.
Todos los congresistas son de oposición: los senadores del Polo Democrático, Alexander López y Wilson Arias, son investigados por presuntamente intervenir en procedimientos policiales. Mientras que los representantes a la Cámara, Inti Asprilla, María José Pizarro y Ángela María Robledo, tienen indagaciones de manera preliminar, por los hechos que se presentaron el día 26 de mayo, en la moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano, en donde los representantes les pidieron a unos oficiales de la policía que estaban en el congreso, que salieran del recinto.
Para la Procuraduría, las indagaciones se desprenden de una queja disciplinaria que realizó una veeduría ciudadana, quienes argumentan que los congresistas les faltaron al respeto a los oficiales y que los humillaron, por lo que alegan irrespeto a la autoridad.
En el caso del senador Alexander López, la investigación es porque presuntamente intervino en un procedimiento policial el pasado primero de mayo, en medio de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en el marco del paro nacional y en el día del trabajo.
El senador, tras conocerse la noticia, aseguró durante la plenaria de este martes que: “yo no me rehúso a que me investiguen, de hecho, he sobrevivido a más de 10 montajes judiciales, pero la señora procuradora no me podía sacar hoy de un debate, en un proyecto que ella presenta y que es un proyecto que va en contravía de la propia Carta Interamericana de Derechos Humanos”.
Así mismo, López aseguró: “¿Cuál es la supuesta queja? ¿Qué yo estaba en la liberación de unos jóvenes?, sí, estaba porque estaban detenidos de manera ilegal, jóvenes que ya habían sido reseñados, jóvenes que les habían robado sus celulares en una estación de Policía y que habían sido detenidos ilegalmente a las 6:00 de la mañana y a las 3:00 de la tarde aún estaban capturados en una camioneta de la Policía de manera irregular”, explicó el senador.
Sobre las investigaciones, la senadora Angélica Lozano Correa, cuestionó a la Procuraduría y aseguró que “atenta contra la democracia que a compañeros congresistas se les haya abierto investigaciones horas antes de venir a cumplir con el trabajo de debatir el proyecto de ley que mantiene las facultades sancionatorias de la Procuraduría General para funcionarios de elección popular”.
La senadora le dijo a Margarita Cabello, procuradora general, que “no es normal que ayer usted con su firma le haya abierto una investigación al senador Alexander López, senador de la oposición y precandidato presidencial del Polo Democrático... Tampoco es normal que a los compañeros de la Cámara se les haya abierto una preliminar”.
En cuanto al proceso que se adelanta contra Wilson Arias, se conoció que también tiene que ver con la intervención en un procedimiento policial el pasado 30 de abril, en Cali, cuando siguió un furgón de la Policía en donde eran transportados varios jóvenes que, según él, habían sido detenidos de manera irregular.
A través de su cuenta de Twitter, Arias aseguró que, “En la Procuraduría General de la Nación me acaban de abrir una investigación por proteger los DD. HH. de unos jóvenes en Cali, por seguir el furgón policial donde estaban detenidos irregularmente. Si no hubiéramos hecho algo, ¿Qué sería de esos jóvenes que luego tuvieron que liberar? Sigo firme”, escribió el senador.
Las investigaciones mencionadas, han generado un debate y polémica en el país, sobre las facultades que tiene la Procuraduría para investigar a los congresistas y es que precisamente se conocieron de las indagaciones, justo cuando en el congreso comenzó la discusión de un proyecto de ley presentado por la propia procuradora Margarita Cabello, que busca que su entidad, entre otras, pueda juzgar e investigar a funcionarios elegidos popularmente.
Para el abogado penalista Francisco Bernate, contrario a lo que dicen los congresistas investigados, quienes aseguraron que todo se trata de una persecución política, no se está presentando una extralimitación o ‘persecución’ por parte de la Procuraduría.
“Como están las cosas hoy en día, para investigar a los congresistas, disciplinariamente la Procuraduría General si tiene la facultad, aun cuando eso es una irregularidad porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Gustavo Petro, dijo que las autoridades no debían ser competentes sobre el caso de los senadores y demás personas elegidas popularmente. No obstante, esa reforma no se ha hecho, entonces si los puede investigar”.
El penalista agregó que la Procuraduría está obligada a investigar ante las quejas, “Si la secretaría observa que hay un hecho que es de su interés, están obligados a investigar, si existen los motivos, si no son hechos insólitos, se investiga”, dijo el abogado.
En cuanto al mencionado proyecto que se está adelantando en el Congreso, para Bernate, “Este proyecto lo que pretende es que la Procuraduría no sea juez y par, sino que haya unos encargados de la investigación y otros encargados de la sanción, entonces precisamente es en cumplimiento de la orden que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente se justifica, sino que es absolutamente necesario”, dijo el abogado.
Por otro lado, para el abogado Sebastián Escobar, la Procuraduría si está haciendo una intervención desequilibrada en sus indagaciones, pues para él, no se están adelantando las acciones pertinentes para determinar las actuaciones de miembros de la fuerza pública.
“Hay una intervención totalmente desequilibrada por parte de la Procuraduría General de la Nación, centrando su función de acción disciplinaria en contra de la oposición política que, en este contexto, ha actuado en defensa de las personas han ejercido su derecho a la protesta pacífica. Mientras que es nula su intervención en términos disciplinarios contra oficiales y suboficiales de la fuerza pública involucrados en actos de violación a derechos, bien sea por el uso de la fuerza o admitiendo que civiles actúen de manera paralela a la institucional”.
Para Escobar las indagaciones tienen intereses políticos, “Es evidente el tinte político con el que la Procuraduría General de la Nación viene asumiendo sus indagaciones en contra de la oposición... La Procuraduría lo primero que tiene que establecer es si un hecho corresponde a una falta disciplinaria, porque desorienta la labor disciplinaria frente a actuaciones que van en procura de la garantía de un derecho como es la protesta pacífica”, dijo para cerrar el abogado. COLPRENSA