Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (foto) habló con COLPRENSA sobre las inquietudes que dejó el informe presentado por la organización.
La funcionaria señaló que desde 2015, la ONU infería que en materia de falsos positivos podía haber un subregistro, por lo que hizo un llamado a las autoridades colombianas para que se refuerce la presencia estatal en aquellos lugares del país que sufren más por la violencia.
¿Qué opinión merece la estrategia que se ha utilizado desde algunos sectores, incluyendo el Gobierno Nacional, para reestructurar la Jurisdicción Especial para la Paz?
La Comisión de la verdad, la Unidad de Víctimas para Personas desaparecidas, la Justicia Especial para la Paz son el corazón del acuerdo de paz y son las que permiten a la sociedad avanzar hacia la paz. Yo pienso que el presidente Iván Duque se ha comprometido con el acuerdo de Paz y creo que el gobierno defiende la autonomía de las instituciones de justicia transicional. Para nosotros la propuesta de reforma legislativa que aboliría la JEP es preocupante, porque si se aprobara, atentaría contra los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad, y eso es lo que nos preocupa.
La Fiscalía ha asegurado que se han esclarecido los actores de la mayoría de crímenes contra líderes sociales. ¿Ustedes sienten que sí hay un esfuerzo de la entidad para aclarar estas situaciones?
Sí, sentimos que ha habido progresos en la Unidad Especial de Investigación para esclarecer estos crímenes y esto es importante, y se debe continuar reforzando el trabajo de esa unidad. Además, el pasado lunes conversé con el Fiscal General (Francisco Barbosa), con quien estuvimos de acuerdo con que el enfoque debe ser el desmantelamiento de los grupos que generan violencia y trabajar los contextos de violencia, que generan estas condiciones para los líderes sociales.
¿Hay preocupación frente al fenómeno de las masacres, que ha vuelto a tomar fuerza en el país?
A nosotros nos preocupa el incremento de las masacres en el último año, es un indicador de la violencia que se vive en muchos territorios donde hay una ausencia o una débil presencia del Estado, la mayoría de estas violaciones y masacres son cometidas por grupos armados no estatales y criminales, pero creemos que es el deber del Estado proteger a la población y por eso se debe reforzar la respuesta del Estado a estas formas de violencia.
¿Es verdad que el fenómeno de las muertes de líderes sociales se puede atribuir únicamente al narcotráfico, como asegura el Gobierno?
Hay diversos grupos que son los principales responsables, no solo el narcotráfico. Lo importante es pensar cómo se pueden generar garantías de seguridad en estos territorios y lo que ocurre en estos territorios es una débil presencia del Estado y una pobreza multidimencional. Es deber del Estado acercarse a la población y estar presente para protegerlas.
¿Qué tan efectivos han sido los planes PDET para las poblaciones víctimas del conflicto?
Nosotros estamos esperanzados que ese programa dé parte de la respuesta a la necesidad de hacer sentir la presencia del Estado y ayudar a la transformación de las dinámicas de esos territorios. El doctor Archila ha dicho que 2021 va a ser el año determinante para la implementación de los PDET y esto lo vemos con muy buenas perspectivas a futuro. Nos parece que es muy importante integrar a las comunidades en estos proyectos y que participen en las etapas de la implementación. Allí hay un potencial enorme para transformar los territorios.
El informe sobre falsos positivos que reveló la JEP ha generado polémica en el país. ¿Qué opinión le merece a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
La Alta Comisionada ha saludado y felicitado el avance de la JEP en la investigación de estos casos y también en la acusación que se hizo al exsecretariado de las Farc en caso de crímenes de lesa humanidad por los secuestros. Respaldamos la labor de la JEP en ese sentido y nos parece que es del interés de todos los colombianos que se investiguen y esclarezcan estos crímenes.
En 2015 teníamos documentados más de 4392 víctimas de estos denominados falsos positivos, y sentíamos que estábamos hablando de un subregistro, porque no todos los casos habían sido sujeto de denuncia o de conocimiento de las autoridades. Lo importante para nosotros es que la JEP pueda avanzar en la investigación y es la clave para que esto se esclarezca.
¿Cómo están viendo la situación de Buenaventura?
Estoy planeando una visita a Buenaventura, donde podré enterarme de las dinámicas específicas de este territorio. Llegué en agosto y estoy tratando de familiarizarme con estas dinámicas, que son particulares. De manera general, creo que debemos apoyar al pueblo de Buenaventura para encontrar soluciones a la inseguridad y a ese sentimiento de zozobra que pesa sobre la ciudad.
Pareciera que no hay claridad para hacer seguimiento a las cifras en materia de homicidios, mientras el Gobierno dice que se han reducido ustedes dicen que se han aumentado, ¿A qué cifra creerle?
Sentimos que las cifras y casos que hemos documentado confirman que hay una tendencia preocupante que continúa que es el asesinato de defensores de Derechos Humanos, hemos recibido 133 casos de los cuales hay confirmados 90 y tenemos otros 25 en proceso de verificación.
Como dije anteriormente esta es una muestra de la realidad de lo que pasa en Colombia, porque son los casos que hemos recibido pero no necesariamente la totalidad de los casos. Para nosotros no es tan importante atender las cifras sino los contextos generadores de violencia, es decir, ¿cómo acompañar al Estado para que los líderes no se vean amenazados y que sus vidas no corran riesgos?
Hay un alarmante incremento en el abuso por parte de la fuerza policial, ¿a la oficina ha llegado alguna solicitud del Estado colombiano para mejorar los protocolos de la institución?
Hemos documentado 42 casos que involucran a 73 personas en lo que hemos documentado de este año. Hemos ofrecido al Estado acompañamiento en el uso de la fuerza, para ayudar a integral estándares internacionales en la gestión democrática de las manifestaciones y estamos a disposición de las instituciones del Estado para poder hacerlo, ofrecemos esa asesoría con muy buena voluntad. Como tal, no hemos recibido solicitudes formales del gobierno colombiano. Yo tuve una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, y le ofrecí estas posibilidades, pero por el momento no hemos recibido una solicitud de este tipo, pero estamos disponibles a atenderla si la recibimos. COLPRENSA