Mucho se ha hablado de la reforma tributaria del Gobierno Nacional. Sin embargo, su contenido es un completo misterio, pues no ha sido radicada en las secretarías de Senado y Cámara. Pese a esto se han filtrado detalles que no han caído nada bien en la opinión pública.
Por ejemplo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo en una entrevista radial que el Café iba a ser gravado con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al no ser considerado un producto esencial, lo que desató fuertes críticas tanto del bando gobiernista como de la oposición.
En ese mismo sentido el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó en el Centro de Estudios Económicos ANIF, que la reforma es necesaria “para garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema”.
Además, sostuvo que “los programas de transferencias monetarias que existen antes de la pandemia por el COVID-19 (Familias en acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor) se mantienen tal y como están (monto y beneficiarios)”. Además, adelantó que con la nueva reforma “se modificará la metodología, asignación y focalización de los subsidios a los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física”.
El jefe de la cartera agregó que “si queremos tener programas sociales de país avanzado, debemos tener responsabilidades como tal, el Gobierno tiene una visión clara, hay que ampliar la base de personas naturales para financiar la sostenibilidad fiscal”.
Más allá de cuáles de estas medidas sean incluidas en el documento final, lo que se sabe es que la reforma será radicada en los próximos días y que ya son varios los partidos que tienen reparos. Para iniciar el jefe político del Centro Democrático, Álvaro Uribe, indicó que el documento solo debe ser presentado cuando exista un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Además sostuvo que los cambios que se le han hecho a la reforma son suficientes para que su partido la apoye.
Estos cambios se dieron luego de que Tomás Uribe, hijo del jefe del partido de gobierno, visitara al presidente de la República, Iván Duque, en la Casa de Nariño. A los pocos minutos de la visita los congresistas de la bancada publicaron un comunicado en el que decían que el partido apoyaría la reforma siempre y cuando ayudara a los más vulnerables.
“Hay absoluto consenso en la necesidad de acelerar la reactivación del empleo y apoyar a los colombianos más necesitados con transferencias económicas, a las micro, pequeña y medianas empresas a sostener el empleo y a la clase media y vulnerable con educación gratuita. Debemos mirar alternativas sociales para financiar los programas que eviten que la pobreza de un salto en dos años de 35 a 50%”, dice uno de los apartes del comunicado publicado.
Otra de las bancadas de Gobierno, el Partido Conservador, ha anticipado que no apoyará ciertos puntos del proyecto como el incremento del IVA o gravar los productos básicos. Además, los azules indican que es imposible colocar un impuesto a las pensiones de más de siete millones de pesos, pues esto podría afectar derechos adquiridos y entrar en el campo de la inconstitucionalidad.
Así mismo, algunos congresistas azules se oponen a la reducción de la base gravable, para que personas que ganen 2.5 millones de pesos mensuales paguen renta.
Uno de los miembros de esa colectividad, David Barguil, publicó en su cuenta de Twitter: “¡Inaudito! Que el sector financiero pague menos impuesto de renta que la propia administración pública, sectores salud, agropecuario y otros. Incluso lo que pagan es menos que el ponderado de todos los sectores. Está claro que los bancos deben contribuir más”.
Por los lados del Partido de La U el panorama no es el mejor, la presidente de la colectividad, Dilian Francisca Toro, también se opuso a votar a favor “cualquier impuesto a la canasta familiar”. De hecho, la exgobernadora indicó que “no es justo que se cobren impuestos a la renta de personas naturales, ni que se afecte a los pensionados que durante tantos años ahorraron para tener una vejez digna”.
Es decir, que en términos generales las colectividades afines al gobierno han sentado sus tres líneas rojas en: IVA a la canasta familiar; renta a personas naturales; e impuesto a las pensiones”, dejando la puerta abierta para discutir y aprobar las demás reformas que contenga el documento.
Los independientes
Pese a que el Partido Liberal y Cambio Radical han apoyado al gobierno en la mayoría de iniciativas al ser independientes parece que la reforma tributaria será la excepción. Desde que se conoció que el gobierno radicaría una nueva Reforma Tributaria el Partido Liberal mandó publicar vallas en todo el país con el mensaje: “Iva a la canasta familiar. ¡Mamola!”.
La posición del partido no ha cambiado, además, exigen que no haya IVA a las pensiones ni a los salarios por debajo de los tres millones de pesos. Sin embargo, desde la colectividad está abierta la puerta para analizar un gravamen a los altos patrimonios, perseguir evasores, y acabar exenciones entregadas en otras reformas tributarias. Según conoció Colprensa desde la dirección del Partido se va a obligar a que la votación de la iniciativa sea en bancada.
El Partido Cambio Radical, también declarado independiente, parece que tampoco va con la reforma. El líder político de esa colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicó una columna en El Tiempo en la que sostuvo que bautizar la reforma “con el apelativo de ley de solidaridad sostenible”, es un exabrupto, pues “Vaya concepto de sostenibilidad aquel de asfixiar al sector productivo y quitarle toda competitividad, expropiar el ahorro, castigar a la clase media y convertir al Estado, por vía de subsidios multibillonarios y antitécnicos, en responsable de todo, como en Venezuela. Esta reforma es peor por el lado del gasto que por el del recaudo. Nunca el populismo, de ningún origen, ha sido sostenible”.
Sin embargo, según conoció Colprensa el partido no ha definido sus líneas rojas por lo que ya se está convocando a una reunión. De hecho, José Daniel López, Temístocles Ortega y Jaime Rodríguez enviaron una carta a sus compañeros de bancada en la que piden hundir la reforma que trae el gobierno.
Según un aparte de la carta no es razonable “poner a pagar renta a quienes ganen mensualmente $2,5 millones o más. Imponer tributos nuevos a quienes ganan $2,5 millones o más es apretar del cuello a la clase media, golpear el poder adquisitivo de los hogares y promover la informalidad y la evasión”.
La oposición
Desde antes de ser presentado el documento los partidos de oposición han dicho no a la reforma. El Partido Verde, por ejemplo, sostiene que la propuesta que va a ser radicada en el Congreso “es inequitativa, perjudica a la clase trabajadora del país, exonera a los más ricos de pagar impuestos, afecta los precios de la canasta familiar sin tener en cuenta la dura situación económica de muchos colombianos en medio de la pandemia y no está pensada en recaudar dinero para la inversión social”.
Además, varios miembros de la colectividad como la representante Katherine Miranda han propuesto otro tipo de gravámenes, por ejemplo, que las iglesias paguen tributo o que las bebidas azucaradas tengan un impuesto.
“En los países de la OCDE, incluido Colombia, el sobrepeso está detrás del 70 % de los tratamientos por diabetes, del 23 % por enfermedades cardiovasculares y del 9 % por cáncer. Esto ha llevado a que los países miembros tengan que destinar en promedio el 8,4 % de su presupuesto en salud para atender esta calamidad de salud pública. Solo en Colombia se destinan 25 billones de pesos para estos fines anualmente. “¡Por favor, aprobemos un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas con tarifa del 20 %! Eso le significaría al Estado al menos 1,4 billones de pesos al año y salvamos vidas”, dijo la congresista.
Por el lado de la Lista de la Decencia la oposición es total. La cabeza de esa bancada, Gustavo Petro, indicó que “el gobierno no quiere usar el dinero público ni en la renta básica ni en el subsidio a la totalidad de la nómina de la pequeña y mediana empresa, así condena al mismo tiempo a la gente al hambre y a la muerte por Covid por no hacer cuarentena
La campaña
Más allá de si las preocupaciones de los partidos son o no legítimas el gran dilema es que Colombia está ad portas de la campaña política. El 13 de marzo del 2022 y el último fin de semana de mayo se elegirán congresistas y presidente, respectivamente, no es de extrañar que en este año ya se estén haciendo cuentas para el que viene.
Y es que los congresistas saben que después de mitad de año el gobierno nacional pierde fuerza y el país comienza a virar su atención a quién llevará los hilos del poder en los próximos cuatro años, por eso la idea del Gobierno de presentar un documento tan delicado en su último año es arriesgada.
Hasta el momento ni el mismo partido de gobierno ha apoyado de forma abierta la reforma que plantea presentar el presidente Iván Duque, por lo que los votos, desde la misma casa, ya están comprometidos.
Por otro lado, el gobierno indica que no hay dinero y, como lo ha dicho varias veces el mismo presidente de la República, “con esta reforma está en juego la sostenibilidad fiscal del país”. De hecho, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho públicamente que Colombia solo tiene “una caja que nos alcanza para unas seis o siete semanas. Por eso tenemos que ir al mercado de manera constante a buscar financiamiento”.
Así las cosas, los miembros del Congreso están entre garantizar la seguridad fiscal del país, “como ha sido su tradición”, en palabras del presidente, o garantizar que los electores no terminen quitándoles las curules por aprobar una reforma tributaria que desde antes de su radicación ha levantado ampolla. COLPRENSA