Siete relatores especiales de las Naciones Unidas, por medio de una carta, le pidieron al presidente Iván Duque y al Congreso de la República, rechazar el retorno de las aspersiones con glifosato, por los riesgos que tiene para los derechos humanos y el medio ambiente.
Estos relatores consideran que la reanudación atentaría contra el acuerdo de paz y con lo establecido “por la Corte Constitucional, respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”, es decir, la erradicación manual antes que cualquier otro método.
Agregaron que es preocupante que esta propuesta se esté llevando a cabo en un contexto “de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos, y las personas defensoras de derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.
Es decir, en un contexto de agudización de la violencia, baja implementación del Acuerdo de Paz, grave déficit de participación ciudadana en temas ambientales, sistemático desconocimiento de los derechos fundamentales de pueblos indígenas y afrocolombianos y escasa información científica para tomar una decisión de este tipo.
También dijeron, que la reanudación de la aspersión con glifosato vulneraría los derechos protegidos por el derecho internacional, como prevenir y evitar la exposición a sustancias y desechos peligrosos, además de respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y salvaguardar a niños y niñas de situaciones que atenten contra su bienestar.
Además, mediante esta le piden al gobierno de Iván Duque que proporcione información sobre las medidas que tiene para prevenir el riesgo de las fumigaciones, así como las observaciones que hace su Administración sobre las condiciones que puso la Corte Constitucional de Colombia, para una eventual reanudación de la aspersión.
En esta carta también alertan sobre la grave situación que están viviendo los líderes sociales en el país, donde 37 asesinados en 2020 son personas que impulsaban el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos o que perdieron la vida debido a los abusos de autoridad en las operaciones de erradicación forzada de cultivos.
Esta misiva fue enviada al Gobierno Nacional, en respuesta a una solicitud que se hizo desde 17 organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), en noviembre de 2020, en la que alertaban a las Naciones Unidas sobre las posibles implicaciones que esta decisión podría traer para el país.
Estas organizaciones esperan que el Gobierno acoja el llamado de los relatores a entablar un diálogo y facilitar el envío de información sobre el riesgo de esta actividad.
Esta carta se revela en medio de un panorama de incertidumbre tras la certificación expedida el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien además de respaldar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, le dio un espaldarazo a los propósitos del Gobierno de retomar la aspersión aérea. COLPRENSA