La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció sobre la grave situación que están viviendo las zonas rurales del país debido al aumento de la violencia, por lo que pidió al gobierno aumentar la protección.
“Condenó el incremento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instó a las autoridades del Estado a tomar acciones concretas para proteger eficazmente a la población”, mencionó a través de un comunicado.
Dijo, que la Oficina para los Derechos Humanos en Colombia, ha documentado 66 masacres, donde 255 personas han sido asesinadas en 18 departamentos del país. También reportó el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año y que desde la firma del proceso de paz, hasta el día de hoy 244 excombatientes de las Farc, han sido masacrados.
Para la ONU, la comunidad Nasa, ha sido uno de los grupos indígenas más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en la región del norte del Cauca este año.
El incidente más reciente, se reportó el pasado cinco de diciembre, cuando cinco personas fueron reportadas como asesinadas en el Norte del Cauca en dos hechos diferentes. Entre estas personas se encontraba un excombatiente de las Farc.
Zozobra en Bahía Solano por desplazamiento masivo tras asesinato de líder indígena
Este mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo Nasa recibieron amenazas de muerte. Otro ataque ocurrió el tres de diciembre en el departamento de Chocó, donde Miguel Tapi Rito, un líder indígena fue asesinado, lo que provocó el desplazamiento de 900 personas de su comunidad.
“Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos”, dijo la Alta Comisionada.
Además agregó, que es importante que las autoridades tomen medidas mucho más sólidas y efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia y agregó que, “es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población”.
Urgió también por políticas públicas para desmantelar las organizaciones criminales, “ que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, además de llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, y a que defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación.
Y finalizó con esta frase que nos hace reflexionar a todos “lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”.