La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), imputó este jueves a dos coroneles y 13 militares más por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas en la región del Caribe, en el segundo auto del caso de ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”, por el que la semana pasada ya acusó a 10 miembros del Ejército y un civil.
“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la costa caribe, dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar, en el noreste)”, dijo el magistrado Óscar Parra.
La JEP volvió a encontrar “patrones de macrocriminalidad” en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de “muertes en combate” y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.
Parra detalló que los imputados operaban en el norte del departamento de César y al sur de La Guajira, en la región caribe colombiana. La Sala de Reconocimiento de la JEP analizó las actuaciones y reconoció dos patrones macrocriminales.
En un primer patrón se agrupan crímenes contra personas a las que señalaban como integrantes de grupos armados ilegales o de delincuencia común. Esto lo realizaban sin verificar esos señalamientos y en alianza con paramilitares del Frente Mártires del Cacique de Upar, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
“Los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar”, detalló. COLPRENSA