Luego de que presidente de la República, Iván Duque, anunciara una reforma a la Policía que se tramitará en el Congreso de la República, la oposición anunció que tramitará otras iniciativas que tienen el mismo fin, pero sus componentes son totalmente diferentes.
La iniciativa del Gobierno nacional se presentará este 20 de julio, con el fin de mejorar el estatuto de carrera y profesionalización de la policía, con la cual se pretende crear una nueva categoría llamada ‘Patrulleros de Policía’.
Con este proyecto también se establecen mayores y mejores condiciones para los patrulleros, tales como reconocimientos e incentivos económicos, reconociendo tiempo de servicio, buen comportamiento y profesionalismo.
Por otro lado, presentará el nuevo estatuto disciplinario de la Policía que, según el Gobierno, permitirá implementar mayor celeridad en las investigaciones, redistribución de competencias investigativas, rendición cuentas permanente sobre los avances y fallos disciplinarios.
“A partir de la expedición del nuevo Estatuto, empieza a funcionar un Sistema de Garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano en Materia Disciplinaria, para mayor transparencia y efectividad en materia disciplinaria”, indicó el Gobierno.
Entre las reformas planteadas también está la capacitación y certificación en derechos humanos para 4.965 miembros del Esmad, en la que el gobierno anunció que contará con participación de universidades, que vincularán a docentes expertos nacionales e internacionales en derechos humanos.
Sin embargo, la oposición anunció que presentará dos proyectos, uno que busca desmontar el Esmad y que este sea sustituido, en palabras del promotor de esta iniciativa, el senador Iván Cepeda por “una unidad especial para el diálogo y la mediación en medio de la movilización social. Como se sabe el Esmad tiene un pésimo récord en materia de violaciones de Derechos Humanos y se ha convertido en un tenebroso aparato de represión contra la movilización pacífica de la ciudadanía”.
Así mismo, presentarán otra iniciativa que busca “contrarrestar la impunidad en la que haya agentes de la policía involucrados, creemos que se debe restringir el ámbito de la Justicia Penal Militar, dado que la policía como lo anuncia la Constitución es un órgano de naturaleza civil la justicia Penal Militar no debería investigar o juzgar casos cuando se traten de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por los policías”, dijo Cepeda.
En ese mismo sentido, la representante María José Pizarro anunció el proyecto de acto legislativo para reformar el ‘Fuero Penal Militar’ con el que cuentan los oficiales de la Fuerza Pública. El proyecto está enfocado en garantizar que las violaciones a los DD. HH. y el DIH por parte de agentes de las FF. MM., sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia Penal Militar.
Así mismo, teniendo en cuenta la naturaleza civil de la Policía Nacional, se propone que los crímenes eventualmente cometidos por agentes adscritos a esta institución sean de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria.
Por otro lado, la representante María José Pizarro anunció que en la reforma al Esmad también está contemplado “recuperar el carácter civil a la Policía trasladándose del Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior”.
El otro proyecto que presentará la oposición busca regular el sistema de ascensos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, “hay un asunto crítico en la situación de los DD. HH. en Colombia y con las víctimas y tiene que ver con los ascensos de oficiales de Policía y del Ejército, que son ascendidos y luego son condenados por falsos positivos, masacres o su relación en otros hechos graves que constituyen violaciones a los DD. HH., señaló el senador Antonio Sanguino del Partido Verde.
Este proyecto será radicado llega justo después del ascenso del General Jorge Luis Vargas, actual director de la Policía Nacional, quien fue cuestionado por los congresistas de oposición por supuestamente ser el responsable de la violación de DD. HH. en el marco del paro nacional.
El senador Alexander López anunció que el proyecto de reforma que alista la oposición también pretende regular el traslado de protección que ha sido un instrumento para la arbitrariedad policial. “Esta medida sólo podrá darse cuando alguien deambule en estado de indefensión o en estado de alteración de la conciencia. En ningún caso podrán ser llevados a los CAI o sitios donde se restrinja su libertad y modifique las regulaciones en torno a la requisa, pues se ha probado con las mujeres trans, la población afro o ciertos grupos sociales son objeto de requisas desiguales sin justificación. Para ello se formulan protocolos claros en la requisa y causales específicas para adelantar dicho procedimiento”.
López agregó que “el proyecto de Ley también hace una reestructura de la regulación del uso de la fuerza basada en los estándares internacionales de Derechos Humanos, la Constitución y la jurisprudencia constitucional. El uso de la fuerza letal solo se podrá usar cuando la vida propia o de terceros esté en riesgo y no se pueda detener el riesgo grave con medidas menos lesivas, tal como dice el derecho internacional”. COLPRENSA