Los próximos 7 y 9 de diciembre, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hará la audiencia pública en que las víctimas de despojo de tierras de la región de Tulapas, que se extiende por jurisdicción de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en el Urabá antioqueño, intervendrán respecto a las exposiciones que harán seis terceros civiles que solicitaron someterse a la jurisdicción y otro civil que ya fue aceptado.
Los seis terceros civiles citados, que solicitaron someterse a la JEP son: Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado y Sor Teresa Gómez Álvarez.
Durante la audiencia pública, esas personas deberán exponer su compromiso frente a la verdad plena, la reparación integral de las víctimas, las garantías de no repetición y sus compromisos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del cual hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
A partir de la información que los seis postulados entreguen durante la diligencia, que se hará conjuntamente con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se definirá si cumplen con los requisitos para ser admitidos en la Jurisdicción y podrán vincularse al Caso 04, que investiga la situación de Urabá.
A la diligencia también fue también citado Benito Molina Velarde, quien se presentará en calidad de compareciente para iniciar sus aportes a la verdad plena, detallada y exhaustiva. Es decir, materializará el compromiso que adquirió en septiembre pasado, cuando la JEP aceptó su sometimiento.
Todas estas personas hicieron parte de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 2008 e intermediaron para realizar acciones de despojo de tierras a campesinos poseedores en la región de Tulapas.
Los citados a la diligencia se conectarán de las cárceles La Picota, el Buen Pastor, Bello y Corozal. Las víctimas acreditadas podrán seguir la diligencia en el municipio de Necoclí, donde se habilitó una sala especial.