El desastre ocasionado por el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés trajo a la memoria otras catástrofes acontecidas en Colombia.
En el caso de Providencia fueron 1.400 viviendas impactadas por el fenómeno natural y el Gobierno se comprometió a avanzar en su restauración en un periodo de 100 días. Entre tanto, ya son 77.000 las familias afectadas en 26 municipios del país por la segunda temporada de lluvias, según la Unidad de Gestión del Riesgo.
Frente al tiempo anunciado para reconstruir Providencia, según varios expertos, esa meta puede ser optimista, si se tienen en cuenta los antecedentes de una tragedia reciente como la de Mocoa, en 2017, cuando el desborde de tres ríos provocó un deslave que dejó más de 300 muertos y 1.000 damnificados.
Luis Carlos Villegas, quien fuera ministro de Defensa en esa época y nombrado gerente para la reconstrucción de la capital de Putumayo, consideró difícil materializar la reconstrucción de la isla en el tiempo que lo plantea el actual Gobierno, toda vez que ya se acerca el relevo presidencial y este tipo de procesos están sujetos a la voluntad de los siguientes mandatarios.
Caso Mocoa
El exfuncionario mencionó que, al dejar su cargo en agosto de 2018, quedó aprobado el documento Conpes por 1,2 billones de pesos destinados a la recuperación de Mocoa y a las obras de mitigación encaminadas a amortizar y prevenir futuras emergencias.
A pesar de que en la actualidad no está al tanto de la reconstrucción, según sus palabras, le han informado que del monto apropiado solo se han ejecutado 600.000 millones de pesos, es decir, la mitad de los recursos.
“Nosotros entregamos 300 casas de las 900 prometidas y me dicen que después de esas tampoco se han entregado más (...) creo que ahí hubo una demora en la conciencia del nuevo Gobierno sobre la importancia que tenía esa reconstrucción”, afirmó Villegas.
En el caso de Mocoa, desde su punto de vista, sin duda hubo un vacío de voluntad, a pesar de que a los damnificados poco les importa el tinte político de la administración de turno y esperan una solución. Aunque allí, según comentó, “todavía hay tiempo de hacer lo que dejamos previsto”.
De otro lado, espera que la suerte de Providencia y Chocó sea diferente, una vez se produzca el cambio de Ejecutivo en 2022.
Un buen ejemplo
En otro extremo de la valoración está el Eje Cafetero, tras ser devastado por el terremoto de 1999. Allí fueron 1.185 víctimas mortales.
Cuando se empezó a divulgar la noticia, Villegas recordó que su primera reacción fue intentar comunicarse, desde Bogotá, con su madre y esposa, quienes estaban en Pereira, en donde inicialmente se dijo que se presentó el epicentro del sismo, aunque en realidad fue en Armenia.
Posteriormente, fue nombrado gerente del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec): “Yo siempre resumo esto diciendo que se intervinieron 125.000 viviendas, más o menos 1.000 dólares por damnificado. Y esa sociedad, que para esa época era agrícola, dio el salto a una sociedad de servicios (...) la reconstrucción sin duda contribuyó con una modernización”.
Una imagen repetida
En medio de la segunda temporada lluviosa de 2020, no cesan los reportes de damnificados, especialmente en Chocó, Norte de Santander, Antioquia y la región Caribe.
“La radiografía es idéntica. En esta época del año siempre pasa lo mismo, eso significa que nosotros no aprendemos de las lecciones que se nos dan y sencillamente tenemos una mirada cortoplacista en las soluciones”, lamentó el profesor Ricardo Toloza, docente de la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional (sede Manizales), quien participó en la reconstrucción del Eje Cafetero.
Este experto tampoco duda en endilgarle la falta de preparación a la clase política y confirma la relación entre la pobreza y los desastres por eventos naturales. “La población vulnerable debe acomodarse donde le toca y allí, generalmente, ni siquiera hay control del Estado. Si así fuera, no se permitiría el asentamiento en esos lugares tan complejos porque prácticamente estamos llamados a la tragedia”, aseguró.
En línea con este planteamiento, señaló una “permisividad” de las autoridades al no ceñirse a los planes de ordenamiento territorial y permitir edificaciones de viviendas en áreas de riesgo geológico.
Al ser consultada sobre este punto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre puntualizó en que “los municipios más afectados por la materialización de estas amenazas ambientales son, usualmente, aquellos con los más bajos niveles de desarrollo y gobernanza, donde es evidente la falta de planificación y gestión institucional”.
Deuda histórica
Para Everardo Murillo, consultor internacional en gestión de desastres y exgerente de Colombia Humanitaria, efectivamente hay una deuda histórica con las regiones más vulnerables, puesto que los recursos en el presupuesto público para mitigación y prevención han decrecido en los últimos diez años.
Así mismo, según explicó, todos los entes territoriales del país cuentan con sus respectivos planes en gestión de riesgo y desastres. Son hojas de guía con las acciones necesarias para reducir los fuertes impactos de los eventos ocasionados por la naturaleza.
No obstante, añadió, pocas veces se transforman en acciones concretas por escasez presupuestal. “Los alcaldes se preguntan cómo le ponen plata a eso si deben priorizar la salud, la educación y etcétera”.
En ese orden de ideas, cuestionó la mala costumbre de poner los recursos únicamente cuando ya ocurrió la emergencia. Una muestra más de lo que, a su criterio, es falta de voluntad política.
En ello coincidió Cesar Hernández, exdirector del Dapard, hoy convertido en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), quien esboza que, según la misma Ungrd, cada peso que se deja de invertir en prevención se transforma en cuatro pesos durante obras de recuperación, procesos costosos que luego derivan en promesas incumplidas.