El pasado martes 13 de julio el Gobierno Nacional presentó el proyecto de la nueva reforma tributaria denominado “Proyecto de Inversión Social”, con el que se propone recaudar $15.2 billones de pesos adicionales.
El proyecto se construyó a partir de una serie de conversaciones en 9 foros que contaron con la participación de congresistas de diferentes partidos, jóvenes universitarios, beneficiarios de los programas sociales, exministros de hacienda, académicos, alcaldes y gobernadores, sindicatos, empresarios, gremios, entre otros.
Por el lado de los ingresos, el grueso del recaudo recaerá sobre las empresas, con la derogación de algunas de las medidas que estipulaba la última tributaria. En ese sentido, aumentará la tarifa de renta corporativa, quedará en 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA en el impuesto de renta para personas jurídicas y se extenderá la sobretasa de 3 puntos al sistema financiero hasta 2025. También llama la atención que dos de las fuentes de financiación más importantes que tendrá el nuevo proyecto de reforma serán la austeridad al interior del Gobierno y la lucha contra la evasión. Se estima que, en conjunto, representen cerca del 30% del recaudo total. Cabe resaltar que siempre se esperan medidas administrativas que mejoren el recaudo, en ese sentido el impacto de los ingresos nuevos de la reforma sería de $11 billones.
En la nueva tributaria se contempla la ampliación de programas sociales como Ingreso Solidario, Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y un subsidio del 25% de un salario mínimo para las compañías que generen empleo para jóvenes entre 18 y 28 años.
Así las cosas, para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, inquieta que no haya un tratamiento de tarifas diferenciadas de renta con respecto a las MiPymes. Un hecho que impone barreras para los objetivos de generación de empleo y de disminución de la pobreza que persigue la reactivación económica del país en general.
El gremio añadió que esta reforma resuelve problemas de corto plazo y que se necesita, pero que deja por fuera diferentes aspectos que se necesitan para resolver necesidades de fondo que dejó la pandemia.
En ese sentido destaca que el proyecto no es estructural y posterga la deuda que tiene el país. Además, indicó que el nuevo Gobierno tendrá que comenzar a pensar en una nueva reforma tributaria que sea estructural.
“Si bien la propuesta permite solventar las necesidades de gasto y empezar a estabilizar las finanzas públicas para el 2022, tenemos que avanzar y ser cautos desde ya con lo que se viene en términos de las presiones fiscales con las que tendrá que lidiar el Gobierno entrante. Por eso consideramos que habrá que embarcarnos una vez más en las discusiones sobre la estructura del sistema de recaudo del país. No podemos quitarle los ojos al problema, es necesario equilibrar las cargas impositivas entre personas jurídicas y naturales, corregir la deficitaria focalización de los subsidios pensionales a las personas de altos ingresos para redirigirlos a los más vulnerables y llegar a una estructura progresiva en la que el grueso de la contribución esté en cabeza de las personas de mayores ingresos. Con seguridad la nueva administración tendrá que tramitar en agosto de 2022, como una de sus prioridades, una reforma de esas características, es decir estructural, para retomar una senda de estabilización macreoconómica y fiscal que sea consistente con nuestras metas de generación de empleo, disminución de la pobreza y corrección de la desigualdad”, argumentó ANIF. DATAIFX