Hasta 836 personas sufrieron en Colombia violencia político-social en 2020, sobre todo fueron víctimas de asesinatos, amenazas y lesiones físicas, según el registro del banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, divulgado el pasado miércoles.
“Presentamos este informe en un contexto en que se fortalecen esas estrategias de violencia y continúa esa sistemática persecución de líderes y lideresas sociales defensores de derechos humanos”, alegó el director de Cinep, Luis Guillermo Guerrero, durante la presentación de la Revista Noche y Niebla nº62, que recoge estos datos.
Como vienen documentando otras organizaciones sociales o, incluso, los organismos oficiales surgidos del acuerdo de paz, casi todos los hechos violentos se incrementaron en 2020, respecto al año anterior.
Los incidentes de violencia político-social se registraron sobre todo en el departamento del Cauca (suroeste), donde se produjeron más de un tercio de los casos, seguido del vecino Nariño, fronterizo con Ecuador; Valle del Cauca y Antioquia.
Además, esta fundación registró hasta 1.284 violaciones de derechos humanos el año pasado, de las que fueron víctimas 776 hombres y 201 mujeres (del resto no se tiene información del sexo).
Se trata, sobre todo, de amenazas hacia personas o líderes, detenciones arbitrarias o hasta 194 ejecuciones extrajudiciales que se dieron el pasado año.
Bogotá sigue siendo el territorio con mayor cantidad de violaciones de derechos humanos (306 víctimas), seguido por la región de Antioquia, con 153 víctimas, y el Meta, con 120.
Los paramilitares, los principales victimarios
Los grupos paramilitares, como el Clan del Golfo (la principal banda criminal del país), son los “presuntos responsables” de casi la mitad de estas victimizaciones (581), aunque la Policía y el Ejército se acercan mucho, con 490 y 243, respectivamente.
“Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo, a través de la amenaza. Fueron 252 amenazas de muerte solo entre julio y diciembre del 2020 y también ejecuciones extrajudiciales del paramilitarismo a 59 personas inocentes”, explicó Guerrero.
“Igualmente, resultan graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional que entre julio y diciembre del año pasado causaron 74 civiles heridos, ejecutaron presuntamente a 42 ciudadanos, detuvieron arbitrariamente a 18 personas y amenazaron de muerte a 26”.
El estudio también recoge datos de asesinatos de líderes sociales, en un conteo que se suma al que hacen otras organizaciones o la Defensoría del Pueblo.
El Cinep documentó 193 asesinatos de líderes y lideresas sociales y 43 de desmovilizados de las Farc en 2020. “No son todos los que ocurren en el país, estamos seguros que son muchos más, pero los reducimos a los que podemos documentar”, alegó el padre Javier Giraldo, investigador del Banco de Datos de la fundación.
En estos asesinatos se vive “una metamorfosis” tanto de la parte de las víctimas como de los victimarios.
Las víctimas no son personas conocidas a nivel nacional o internacional, sino que cada vez más son personas que “comprometen su propia vida por defender a sus comunidades”, en un trabajo de base y sin pocos altavoces, como explicó el jesuita.
Y en la parte de los victimarios, pocas veces se reivindican las acciones, y los únicos detalles que se dan de los asesinos es que eran “hombres armados con capuchas”, es decir, que cada vez más son sicarios y los crímenes quedan en total impunidad.
“La impunidad es la estrategia que ha acompañado la violación a los derechos humanos desde hace muchas décadas”, dijo el padre Giraldo, quien añadió que en este contexto el anonimato y el sicariato es un gran aliado de la impunidad. EFE