Judicatura pide investigar a juez que se negó a casar a pareja del mismo sexo
- Redacción Acta diurna
- 4 sept 2020
- 3 Min. de lectura
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Diana Remolina, solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que investigue las actuaciones del juez 10 civil municipal de Cartagena, Ramiro Eliseo Flórez Torres, luego de que el funcionario se negó a unir en matrimonio a dos mujeres.
“Resulta prioritario que se investigue y evalúe la eventual comisión de faltas disciplinarias en este caso, teniendo en cuenta que las decisiones judiciales han de fundamentarse en derecho como garantía y protección del derecho de acceso a la administración de justicia de todos los ciudadanos”, dice el documento.
El delegado de la Rama Judicial se encuentra en la palestra pública debido a que por sus creencias religiosas, se negó a unir en matrimonio a dos mujeres en Cartagena.
“No puedo casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraria mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales”, dice en su sentencia el juez Ramiro Flórez Torres, quien además manifiesta que “cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi señor Dios todopoderoso antes que al ser humano”.
El juez fue criticado en todos los sectores debido a que, con su decisión, incumplió con la sentencia SU-214 de 2016, con la cual la Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Procuraduría impugna decisión del juez
Por su parte, la Procuraduría General impugnó la decisión del juez 10 Civil Municipal de Cartagena, de negarse a realizar el matrimonio civil de dos mujeres, y acudirá a una acción de tutela para que se protejan los derechos de las parejas del mismo sexo.
El órgano de control pidió al juez de Cartagena respeto por la dignidad humana y garantizar el principio a la igualdad de las ciudadanas, y recordó que los jueces por excelencia son los llamados a respetar y a hacer cumplir el ordenamiento jurídico, desprovistos de todo tipo de subjetividades y con repudio absoluto de la discriminación y la desigualdad.
El Ministerio Público agregó que los jueces deben proferir sus decisiones con apego a la Constitución y a la ley, con base en los precedentes jurisprudenciales como la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia de 2016, que reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, sin que sea posible que un juzgador se aparte de este precedente por razón de sus creencias religiosas.
A juicio del ente de control no se puede desconocer que la Constitución ha previsto un modelo de Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y en la garantía a principios como la igualdad.
La Procuraduría exhortó a las autoridades a cumplir sus funciones con acatamiento al ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas.
Congresistas rechazan decisión
La decisión del juez fue rechazada por la congresista Angélica Lozano, del Partido Verde quien escribió en su cuenta de Twitter que "el Consejo Superior de la Judicatura Garantía y la Procuraduría tienen oportunidad para proteger los derechos de ellas (la pareja) y la pedagogía y sanción al juez que abusa".
"La homofobia vestida de juez", dijo, por su parte, el representante a la Cámara Mauricio Toro. El congresista, quien es que abiertamente homosexual, añadió que "los derechos fundamentales no están sujetos a la discrecionalidad de un juez".
Incluso, el senador Roy Barreras, del Partido de la U, presentó este martes una denuncia en contra del juez. "Es una ofensa para la comunidad LGBTI de Colombia la actitud de este juez de la República, que tiene la obligación de cumplir la ley y la Constitución. Supone el señor juez que el hecho de ser miembro de la comunidad LGTBI es estar excluido de Dios, es decir que Dios es incompatible con ser LGTBI, por lo tanto, en lugar de ser juez es inquisidor y los considera pecadores”, comentó el senador.
Barreras señaló que el juez estaría cometiendo el delito de prevaricato por acción, que se configura cuando un servidor público profiere una “resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley”. COLPRENSA / El TIEMPO
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