Según el Ejército hay 118 soldados investigados por delitos sexuales

La conducta de los miembros del Ejército, que comenzó a ser cuestionada hace más de una década por las ejecuciones extrajudiciales de civiles, está otra vez bajo la lupa por denuncias de violación y abusos sexuales contra indígenas menores de edad que le han puesto la opinión pública en contra.

Las denuncias de los últimos días de violaciones hacen referencia a dos niñas: una de 12 años de la etnia embera-chamí, víctima de siete soldados del Batallón San Mateo en Risaralda, y otra de 15 años de la tribu nómada nukak makú, atacada por dos militares del Batallón Joaquín París, en el Guaviare.

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Estas generaron un rechazo unánime de la sociedad que espera sanciones para los responsables.

Estos casos son la punta del iceberg a juzgar por la revelación que hizo ayer el comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro, de que hay 118 miembros de la institución investigados desde 2016 por denuncias de violación y abuso sexual.

De ellos, 45 han sido retirados de las filas y el resto, 73, están siendo investigados disciplinariamente.

“Todos estos hechos a la fecha son conocidos por la Fiscalía General y cuentan con investigación disciplinaria, algunas adelantadas por la Procuraduría. Permanecemos atentos a los requerimientos de las autoridades competentes”, aseguró

Un oficial retirado dijo que los casos de abuso no son nuevos y que cree que tienen su origen en “un asunto moral” de una tropa que no está bien instruida en cuestiones éticas y en la “que hay un problema de falta de control (de los soldados) por la dispersión de las unidades del Ejército en muchas partes del país”, por el aumento del pie de fuerza, para hacer frente a los problemas de orden público.

Regaños e impunidad

En el caso de las violaciones de niñas indígenas, la respuesta de los superiores es la promesa de castigo a los responsables, generalmente catalogadas como “manzanas podridas” y la reiteración de la política de “tolerancia cero” con quienes falten al honor militar.

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“No son para nada una rueda suelta, por el contrario, hay complicidad incluso de los superiores porque cuando encuentran que sus muchachos cometen un delito de estos en un territorio son los mismos superiores los que han ido a negociar con las familias (para silenciarlas), que fue lo que pasó en el caso de la niña embera”, dijo la directora de la Corporación Humanas, Adriana Benjumea. COLPRENSA