Arrancó juicio disciplinario contra director de la Policía
- Redacción Acta diurna
- 27 may 2020
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En compañía de su abogado, el director de la Policía, general Óscar Atehortúa se presentó este martes ante la Procuraduría General para avanzar con el juicio disciplinario en su contra, por las presuntas irregularidades que se registraron en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima.
El procurador delegado anunció que el general se encuentra ante los estrados disciplinarios por hechos ocurridos mientras ocupó la Inspección General en donde suscribió dos contratos para la realización de dichas residencias.
Lo que llama la atención del procurador es que, además, de que las obras quedaron inconclusas y a la fecha no se ha culminado su construcción, el general también se habría extralimitado en sus funciones dado que, según el Ministerio Público, a través del presunto tráfico de influencias en su actual cargo, habría tratado de persuadir la investigación en su contra.
Si bien al empezar la diligencia, que tardó un poco más de tres horas, el abogado de Atehortúa trató de persuadir a los procuradores para que la audiencia se aplazara porque, a su juicio, el Ministerio Público no entregó las pruebas en contra de su defendido, para estudiarlas, la Procuraduría decidió avanzar con el procedimiento.
En el primero de ellos se le cuestiona a Atehortúa que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución de un contrato en la que, a juicio de la Procuraduría, habría desconocido el principio de responsabilidad, al haber faltado “probablemente” a su deber de adelantar la revisión sobre la obra y velar por la buena calidad y el objeto del contrato.
El ente de control cuestiona, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.
El tercer cargo que pesa sobre Atehortua es por la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.
En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprocha al director general de la Policía que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la policía, para que el inspector general de esa institución, general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.
En razón a los dos últimos puntos, el procurador delegado señaló en audiencia que Atehortúa en una reunión celebrada con Salamanca le habría mencionado que le otorgaría vacaciones por 400 días, es decir, que el oficial se reincorporaría hasta 2021, cuando las indagaciones hubiesen tenido caducidad.
La Procuraduría calificó los cargos en esta etapa del proceso a título de dolo y trasladó información a la Fiscalía General para que se investiguen hechos que, pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto.
“El comportamiento del general Atehortúa fue realizado con dolo, sabía que utilizar la influencia de su cargo para evitar la investigación que reposaba en la inspección de la Policía era un delito, tráfico de influencias”, expresó el procurador delegado.
Si bien la diligencia estuvo presidida por la Procuraduría, el abogado de Atehortúa señaló que este tiene fuero constitucional y reiteró que las pruebas que vinculaban a su cliente no habían sido tenidas en cuenta por parte de la defensa.
Así las cosas, para dar este espacio a la actuación defensora, el Ministerio Público declaró receso en la diligencia y continuará el próximo viernes donde finalmente se despejarán dudas y habrán peticiones en las que no se descarta que la defensa objete la competencia de la Procuraduría. COLPRENSA
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