ONGs le ponen la lupa a la contratación realizada durante emergencia por COVID-19
- Redacción Acta diurna
- 21 may 2020
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Siete organizaciones de la sociedad civil, se aliaron para supervisar el manejo de los recursos públicos durante la emergencia del coronavirus identificaron que en el país se han firmado más de 9 mil contratos a 7.613 contratistas relacionados con este tema por un valor de $1,6 billones.
De esos contratos, 4.655, estimados en $1,1 billones de pesos, se han asignado bajo la causal de la urgencia manifiesta, que permite contratar de manera directa. Además, el 71% de la contratación se ha realizado en el nivel territorial, por lo que la alianza buscará identificar cuántos de los contratistas beneficiados fueron financiadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019.
Según la investigación, que continúa en marcha, los 9 mil contratos se firmaron entre el 16 de marzo y el 14 de mayo.
Las entidades que más han contratado son el Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá (209 contratos), la Gobernación de Sucre (94 contratos) y el Instituto Nacional de Salud (91 contratos), entre otros.
Las organizaciones de la sociedad civil que se han unido para ponerle la lupa a estos contratos son Transparencia por Colombia, el Comité por Transparencia por Santander, Cordupaz, la Corporación Cívica de Caldas, Funcicar, Alianza por una Cali + Transparente y participativa y Corporación VIGÍA Cívica de Pereira.
La alianza, denominada ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19’, hará un seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios en siete regiones del país: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
El propósito es trabajar de manera conjunta con otras organizaciones e iniciativas de la sociedad civil.
Irregularidades
De acuerdo con la investigación de las organizaciones de la sociedad civil, se han encontrado irregularidades dentro de los procesos de contratación investigados. Entre ellos, se detectaron dos contratos adjudicados a personas que se encontraban inhabilitadas para contratar con el Estado por los delitos de concierto para delinquir y fabricación y porte de armas de fuego. Las presuntas irregularidades se estarán presentando ante los órganos de control.
“La pobreza y un sistema de salud frágil, no permiten ofrecer garantías de bienestar y protección a la ciudadanía; la corrupción y la indiferencia nos pasan la cuenta de cobro en esta pandemia. Nuestro compromiso con esta alianza nacional es fortalecer nuestro ejercicio de vigilancia a la contratación pública, haciendo más énfasis en la inversión que se ha activado para atender esta emergencia sanitaria en Cartagena y Bolívar”, señaló Carolina Calderón Guillot, Directora de Funcicar. COLPRENSA
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