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De lo que no quieren hablar los políticos y gremios sobre Electricaribe (II)

  • Por: Jorge Vergara C.
  • 10 oct 2019
  • 4 Min. de lectura

El calvario de los usuarios empieza desde el 16 de noviembre de 2016, y se ratifica en el tiempo que lleva la SSPD manejando la empresa. En el primer año de manejo las pérdidas registradas en los estados financieros fueron de $519.354 millones, o sea 2.7 veces lo perdido por los españoles en el 2016 ($192.845 millones), subiendo las ´pérdidas acumuladas a $1,45 billones, que representan el 68.8% del capital suscrito y pagado e indican que de acuerdo al artículo 60.3 de la Ley 142/94, y al artículo 457 del CC, la empresa se encuentra en causal técnica de quiebra y por lo tanto o se capitaliza o se disuelve.


Pero la SSPD, los gremios, parlamentarios, gobierno central, no hicieron lo uno ni lo otro, siguieron manejando la empresa durante el 2018, año en que arrojaron pérdidas contables por $459.142 millones, inferior a la del año anterior, pero que sumada a las pérdidas acumuladas da como resultado $1.91 billones, o sea el 90.9% del capital pagado y suscrito. Las leyes citadas dicen claramente que una empresa entra en causal de liquidación cuando su patrimonio neto está por debajo del 50% de su capital pagado y suscrito.


No tenemos cifras de lo corrido del año 2019, pero de acuerdo a los resultados anteriores se puede proyectar que los estados financieros de este año, arrojaran unas pérdidas cercanas o superiores a los $500.000 millones, para llegar a unas pérdidas acumuladas de $2.41, o sea el 114.8%, del capital pagado y suscrito.

Deberíamos felicitar a los funcionarios de la SSPD, empezando por su directora y gerente interventora, han quebrado la empresa llevándola a la liquidación total al perder todo su capital, pero como en Colombia a estos funcionarios, en vez de sancionarlos por sus malos manejos, los premiamos nombrándolos en cargos superiores a los que tienen.

Como no existe PGN, ni FGN, terminamos pagando los platos rotos los usuarios del servicio y el resto de los colombianos, porque nos tocará pagar no solo los US$1600 millones, que vale la demanda de los españoles, sino también una sobretasa de $4 peso por kilovatio, como el $1.2 billones del pasivo pensional y el 1%, adicional que deben pagar las electrificadoras del país, más el aumento de tarifa que tiene autorizada el nuevo operador si es que llega.

Ante hechos contundentes como estos de la situación financiera real de Electricaribe, me preguntó: ¿cuál es el interés de los parlamentarios, gobernadores e Intergremial del Caribe colombiano de guardar silencio sobre el tema? Porque solo insisten en que el gobierno siga invirtiendo recursos en un saco roto, mediante la figura de préstamo ($735.000 millones), sin incluir los préstamos para compra de energía, que todos sabemos no se pagaran porque la empresa no tiene como pagarlo y defender los artículos que incluyeron en la Ley 1955 de mayo de 2019, como el pago de la sobretasa y el pasivo pensional.


¿En realidad que buscan estos señores?, será la calidad del servicio, que no defendieron durante muchos años, a sabiendas que se venía anualmente deteriorando o están interesados en las inversiones que debe aprobar la junta que nombraron y que no sabemos cuáles son sus honorarios ni sus funciones, pero que los hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad lo mismo con el contrato que firmaron con la FND, cuyos resultados no lo conocemos y es la base para la posible negociación con un tercero en diciembre, siendo que la SSPD, es una entidad del Estado y todos sus actos deberían ser públicos.

¿Qué dicen los gobernadores del Atlántico y Bolívar, los señores de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el Intergremial, y los los parlamentarios costeños?

En tres años de intervención la empresa ha perdido $1,5 billones, 58.3%, superior a lo que perdieron los españoles en 16 años. Además incrementaron las pérdidas de energía del 18% al 27%, lo que en pesos significa perder anualmente $231.000 millones, el recaudo pasó del 87% al 80%.

Presentan un flujo de caja negativo de $307.880 millones, un capital de trabajo negativo de $2.5 billones, un endeudamiento del 1750%, un patrimonio de $ 122.033 millones, le deben a abril del 2019 al Fondo Empresarial $804.726 millones, se tiene una deuda no pagada de $1.8 billones congelada por vía intervención, tiene unos ingresos anuales por energía de $4.6 billones, compra el 26% de la energía en bolsa a una tarifa promedio de $183,82 por kilovatio hora, el incremento en la demanda fue de 5.22%, tiene unos costos de prestación del servicio de $4.2 billones, siendo el de compra de energía de $3.6 billones y llama la atención el costo por honorarios por $43.450 millones, el 31.3% del costo de los servicios personales ¿A quién le pagan esos honorarios tan altos y cuáles son sus resultados?. ¿Será posible saberlo?

El pasivo pensional es de $1.2 billones, la cartera por cobrar es de $377.566 millones. De esa cartera llama la atención que el sector comercial adeuda $33.357 millones, de los cuales hay una deuda por $16.865 millones , con más de 72 meses de vencida, el sector industrial debe $7.213 millones, de los cuales $3.117 millones son superiores a 72 meses, el sector oficial debe $9.929 millones, presentando $6.783 millones mayor de 72 meses, y en los estratos 5 y 6, una deuda por cobrar de $3.385 millones, de los cuales $2.000 millones, tienen una duración de 72 meses o más. La cartera de los estratos 1, 2 y 3 es de $312.461 millones y la del estrato 4 es de $5.725 millones.


Los estratos 1, 2 y 3 representan el 85% de su mercado y solo atienden al sector industrial y comercial que consume menos de 0.25 MW. Esa estructura explica en gran parte el comportamiento de la cartera por edad.

De darse un aumento de tarifa, como lo autoriza el documento CREG-074 de 13-09-19 y la Resolución CREG No 109 de 13 de septiembre de 2019, se incrementará la cartera y las pérdidas negras en Electricaribe.

La fiebre no está en la sabana. ¿Tendremos nuevo operador en diciembre?

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