De lo que no quieren hablar los políticos y gremios sobre Electricaribe (I)
- Por: Jorge Vergara C.
- 1 oct 2019
- 4 Min. de lectura
De Electricaribe se habla y escribe mucho en los medios de comunicación sobre las inversiones que tienen que hacerse para mejorar el servicio aprobadas en el documento CONPES 3933/18, modificado por el documento CONPES 3966 de julio de 2019 para darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 312 y 318 de la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo 2018-2022) de autorizar garantías para invertir recursos por $735.000 millones, dirigidos a programas de recuperación de pérdidas de energía y distribución de energía. Igualmente de la búsqueda de un nuevo operador que posiblemente se defina en el mes de diciembre de este año y entre a operar en el 2020.
De lo que no se habla, y nadie quiere hablar es del mal manejo dado por la SSPD a la empresa que la ha llevado a la quiebra total por la falta de conocimiento en la administración de este tipo de empresas, lo cual se ha denunciado en varias ocasiones sin ser escuchados por los señores gobernadores, parlamentarios, Comité Intergremial y por supuesto la señora Ministra de Minas y Energía, el presidente Iván Duque y la doctora Natasha Avendaño y su gerente Interventora Ángela Patricia Rojas.
Todo comenzó un 14 de noviembre de 2016 cuando el SSPD José Miguel Mendoza en una decisión que se ha calificada de errada y amañada, decide “intervenir “ a la empresa Electricaribe y procede a nombrar como gerente liquidador al señor Javier Lastra, persona sin ningún tipo de conocimiento de la empresa, y para suplir dicha deficiencia se nombra como presidente de la empresa en liquidación el ingeniero electrónico Edgardo Sojo. Ambos asumen el manejo de Electricaribe y proceden a efectuar los cambios que consideraron ellos era necesario para la buena marcha de la empresa. Pero en marzo 14 de 2017, deciden cambiar la decisión de noviembre del año anterior, y proceden a dar inicio al proceso liquidatario. Los funcionarios de la SSPD, que nombraron para manejar Electricaribe, entendieron por “proceso liquidatario” de la empresa, no recuperarla sino terminarla de quebrar, al igual que lo hicieran en el año 1.997, cuando intervinieron a las electrificadoras de la Región Caribe, las saquearon y terminaron con ellas.
En la subasta se presentó un solo operador “Energía de Caracas” y una firma norteamericana quienes ofrecieron US$900 millones, y para no seguir perdiendo dinero, en el año 2.000, terminaron vendiéndosela a los españoles por US$500 millones. Ahora pretenden, sin definir la propiedad de la empresa, vender a un tercero que esté interesado en comprarla. Ya se programó una subasta y fracasó, no se presentó nadie. Se espera que en diciembre se presente una de las cinco (5) firmas interesadas en participar, entre la que se destaca “CELSIA” ya que hay dos personales que no llenan los requisitos ni tienen el musculo financiero como son la del señor Ríos y William Vélez. Tanto EPM como EEBB, solo lo harán si consiguen quién ponga la plata como lo han manifestado. Como lo vamos a demostrar en este trabajo la empresa quebrada, incursa en quiebra técnica al perder el 114.5% de su capital, y con unos activos tangibles e intangibles que no se sabe con certeza si puedan generar ingresos futuros, dada sus condiciones tal como lo manifiesta la firma Pricewaterhouse Coopers Ltda que ejerce la Revisoría Fiscal de la empresa en su informe sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2018.
Ante esta realidad, y como se ha dicho en documentos anteriores, en la subasta abierta que se cierra el 12 de diciembre no se presentará oferta alguna. De llegar a presentarse, el dinero ofrecido será ínfimo, aunque insisto que no veo a un inversionista con ganas de invertir $7 billones de pesos (US$2.023 millones) para atender un mercado con bajo nivel de recaudo y pérdidas de energía del 27%, y unos activos deteriorados por los cuales las interrupciones llegan a las 9 horas, y el número de cortes de energía no programados son del 55,23% según el indicador Saifi.
¿Cómo terminó de quebrarse Electricaribe en manos de la SSPD?
Desde un principio se criticó la decisión de intervenir la empresa, porque los españoles, sus verdaderos propietarios, tenían claro conocimiento que no había forma para salvarla yéndose directamente a la quiebra, para terminar entregándole la empresa al gobierno sin costo alguno, para no seguir perdiendo ellos dinero. Ellos no estaban interesados en invertir, así lo dio a conocer a través de los medios de comunicación su presidente.
Durante 16 años no invirtieron en la remodelación de las redes, y no hubo autoridad en el país que los obligará a hacerlo ¿Dónde estaba la SSPD? Pudo más la arrogancia de José Miguel Mendoza (hoy hace parte del bufete de abogados del ex fiscal Martínez) aliado con el Comité Intergremial del Atlántico, algunos parlamentarios, y gobernadores, de intervenir la empresa, en vez de dejar que se quebraran. Esto está denunciado ante la PGN y FGN, y a la fecha no se conoce el resultado de la misma, y que nos va a costar a los usuarios la suma de US$1.600 millones de dólares, que es la demanda impetrada por los españoles en la CIADI (arbitramento Banco Mundial).
Situación financiera
En el año 2016, los estados financieros de Electricaribe arrojaron una pérdida neta de $192.845 millones, que sumada a la pérdida que venía arrastrando la empresa de $741.056 millones, daba una cifra de pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2016 de $933.901 millones, sobre un capital suscrito y pagado de $2.1 billones, lo que significa que las pérdidas acumuladas representaban el 44.5% del capital pagado y suscrito. Lo anterior indicaba claramente que la empresa iba directo a la quiebra y para poder salir de esa causal tenían que capitalizar la empresa con una suma aproximada de un billón de pesos, unos US$327.8 millones de dólares a la tasa de cambio de 2016 ($3050.98). Esto tenía que saberlo el señor José Miguel Mendoza y su equipo de trabajo, por tener acceso a toda la información técnica y financiera de las empresas de servicios públicos domiciliarios.
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