Triste atracadero (II)

El muelle daba para todo, inclusive para hacer gastos que resultaron inútiles como el de limpieza de las playas, perdiendo dos oportunidades: abordar la limpieza de las playas de una manera institucional, eficiente, sustentable y sostenible e incluir a los municipios del delta del Magdalena dentro de la jurisdicción de Cormagdalena.

La primera oportunidad desperdiciada fue la de destinar los recursos asignados por el Gobierno Nacional para la compra de maquinaria que permitiera recoger material flotante en el mar y basuras en las playas; clasificar las basuras y así entrar en cadenas de reciclaje local con Barranquilla; y poder secar, fragmentar y prensar el material vegetal con destino a empresas a las que les pudiera ser útil ese insumo seco y compactado.

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La experiencia que para entonces nos mostraba la Ciudad de Riohacha en lo referido, a basuras en las playas, permitía explorar la posibilidad de organizar una Empresa Asociativa de Servicio Público, dotada de un equipamiento mecánico y sostenido mediante una renta fija. El proceso de la Triple A en Barranquilla daba para pensar en esa posibilidad económica.

La segunda oportunidad que se fue por la borda, que hubiera dotado a este servicio propuesto de recursos tecnológicos y humanos suficientes para su funcionamiento, era entender, aceptar y actuar en correspondencia la realidad de que el gran contaminador de las playas de Puerto Colombia era el Río Magdalena. En esos mismos días del año 94, se empezaba a discutir la Ley Orgánica que creaba la Corporación del Río Grande de La Magdalena.

A partir de este ´consenso fáctico´, y aprovechando el trámite de esa Ley, la consecuencia debió ser que el Alcalde, los Concejales y los dirigentes porteños buscaran el apoyo de los vecinos de Tubará, Juan de Acosta y Piojó para que le insistieran a sus Congresistas que precavieran que en la Jurisdicción de esa Corporación de naturaleza mixta, no solo se tuvieran en cuenta a los municipios de la ribera, sino también los del Delta de la Desembocadura ubicados entre Barranquilla y Cartagena cuya playas son afectadas por el comportamiento del Río como transportador de basuras, lodos y material vegetal.

Si se hubieran aplicado a esa tarea Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Santa Catalina participarían de los recursos de esa entidad para mantener y defender su línea litoral. Pero nadie prestó atención. Andaban en otros menesteres.

El ´ruidaje´ que producían esos $349.000.000, verlos a su alcance, dispuestos para las tareas de mantenimiento –barrer, recoger las basuras, echarlas en volteos y botarlas en otra parte-, sentirlos incorporados al pírrico presupuesto municipal para el año de 1995, disponibles para contratos de dragado de los ´oídos de la barra´ que aislaba el Mar Caribe de la Laguna de Puerto Colombia, los sumergía en paroxismos que no los dejaban ver que lo que iban a acometer era lo mismo que botar el dinero.

Pero ante ese ´botín de los vencedores´, desperdiciar el dinero, les importaba poca cosa. Muy tarde vinieron a entender en Puerto Colombia que su principal problema territorial y ambiental es el Río Magdalena.

A ello contribuyó la no disposición de modelamientos que permiten establecer cómo afectan a los municipios costeros las obras que se hacen río arriba en materia de encauzamiento, impermeabilización de las riberas, la sedimentación de las zonas de amortiguación de inundaciones y la profundización del canal navegable.

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A nadie pareció importarle la suerte, no ya del muelle sino el de todo el frente urbano construido entre Sabanilla y Puerto Colombia; tampoco lo que seguramente acaecería en las zonas que, aún hoy, carecen de defensas y que se han creído el cuento de que la caída del Muelle Cisneros, fue por falta de mantenimiento y no por “falta de entendimiento” entre los que tenían el deber de defenderlo.

Sin embargo, tales hechos adversos no impidieron que el namismo siguiera manteniendo el control político en el municipio, eligiendo a Carlos De la Asunción en medio de denuncias y protestas de fraude.