Gobierno radicó reforma a la Justicia en medio de cuestionamientos

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló que la reforma es una oportunidad histórica que convoca el compromiso de las tres ramas del poder y que hace parte “de un conjunto de medidas de un proceso que ya está avanzando y que no se agotará con el sólo acto legislativo. Además se construyó basada en el respeto por la independencia de los poderes y pensando en el bienestar de los colombianos”.

Borrero, quien radicó el proyecto con su colega de gabinete, la ministra del Interior, Nacy Patricia Gutiérrez, tan sólo estuvo acompañada de congresistas de parte del partido Mira, en cabeza de su presidente y senador, Carlos Eduardo Guevara, pero nadie de otros partidos, como el presidente del Senado, Ernesto Macías.

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Los cuestionamientos

Los cuestionamientos a la propuesta vinieron inicialmente de parte del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, quien declaró que “la carrera en la presentación de reformas tan importantes como la de la justicia, es lo que hace que siempre fracasen, por no tener concertaciones profundas con las instituciones”.

Sin embargo, fue el partido Cambio Radical desde donde surgió la aseveración más contundente, al señalar que la misma fue un plagio de la reforma a la justicia que esa colectividad ya había presentado. El exministro Luis Felipe Henao sostuvo que “el Ministerio de Justicia presenta una reforma a la justicia plagiada de la reforma de Cambio Radical y no lo reconoce en su comunicado de prensa”.

Considera que los ejes temáticos que se anuncian son los mismos: transparencia, eficiencia y seguridad jurídica, como también el aumento de requisito de experiencia para ser magistrado a 20 años, creación de la dirección de la rama judicial, obligatoriedad del precedente judicial y limitación de la posibilidad de interponer una acción de tutela solo a los afectados directos.

Al respecto, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez sostuvo que el proyecto busca ser discutido con todos los partidos, y que el mismo, como otras iniciativas, recoge la solución “a todas las enfermedades que tiene la justicia en el país”.

La ministra Borrero declaró, al respecto, que el proyecto fue construido durante más de un mes y medio y se tuvo un “diálogo con la comisión interinstitucional, la rama judicial y con las fuerzas políticas”.

Para el senador Guevara, los colombianos están demandando “celeridad y transparencia”, por eso fue que el partido político Mira decidió acompañar “el trámite del proyecto radicado hoy por el Ministerio de Justicia”.

Las dudas de la Corte Suprema

Citado por Caracol Radio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Luis Barceló, aseguró que aún no hay un consenso en este tribunal sobre el proyecto de reforma que presentó el gobierno de Iván Duque.

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“Sobre la tutela, la Comisión Interinstitucional, por lo menos en las que yo he participado, ese tema todavía no se ha estudiado. Es un tema álgido. En principio se debe mantener la tutela, pero sobre ella deben recaer ajustes necesarios para que funcionen las dinámicas de la rama judicial, porque una de las cosas que mantiene la congestión es la tutela”, comentó el magistrado.

Respecto al ítem que indica que la Corte Suprema no tendrá facultades electorales, según reseñó este medio, Barceló aseguró que ”la Corte Suprema de Justicia considera que no tiene por qué desprenderse de esas funciones. La idea en principio es preservar las instituciones de la Constitución del 91 (...). El problema no es que se desprendan las Corte, ahora, si así llegará a suceder cómo parece que quedará en el proyecto, la pregunta es ¿en manos de quién queda la elección de esos funcionarios?”

Lo que propone el proyecto de reforma

Una de las propuestas que se plantea es eliminar las facultades electorales que tienen las altas cortes para escoger al Procurador, al Auditor y al Registrador, que serán elegidos por el Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sí elegirá al Fiscal General de la Nación.

También se busca aumentar inhabilidades, por lo que se propone que los magistrados de las altas cortes y los miembros de la Comisión de Carrera Judicial no puedan recomendar a nadie para un órgano de control o la Rama Ejecutiva, con sanción de pérdida del cargo, que sus parientes no puedan trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado y que después de dejar el cargo no puedan litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción durante cuatro años.

Otra modificación propuesta es la regulación de las mayorías y el quórum para elegir en las cortes, en tal sentido, si no se logra la elección en una primera votación, las mayorías requeridas van descendiendo.

También se busca permitir a las Salas Plenas, con mayoría calificada, suspender a los magistrados cuya conducta afecte gravemente la confianza pública en la corte.

Un aspecto más es que aumenta a veinte años el tiempo de experiencia requerido para un magistrado de un alto tribunal.

Un artículo más plantea el establecimiento de los periodos institucionales para el Fiscal General de la Nación (coincidente con el del Presidente), para el Procurador General de la Nación (dos años de cada periodo presidencial) y Auditor General de la República.

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Otro ítem es que para postularse a magistrado de Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, el candidato deberá acreditar al menos cinco años de experiencia como juez o magistrado de tribunal, dentro de los veinte años que en total exige el proyecto norma.

Un aspecto más que incluye la reforma a la justicia es que la coordinación, el gobierno y la administración de la Rama Judicial se la confía a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Dirección General de la Rama Judicial, la Comisión de Carrera Judicial. COLPRENSA