30 años de alcaldes populares y los retos de Barranquilla (IV)

Los planes de desarrollo distrital desde Hoyos Montoya hasta Char Chaljub han tenido en común un eje estratégico: cerrar las brechas sociales que siguen siendo profundas - pese al caudal de inversiones en colegios, centros hospitalarios, parques, canalizaciones de arroyos, vías y viviendas -, y se advierten, por ejemplo, en un indicador como la vivienda cuya construcción se disparó en los últimos años. Pero, mientras en los sectores de estratos altos se produjo un lujoso y costoso desarrollo inmobiliario, el hábitat en los barrios rezagados y vulnerables sigue teniendo problemas cualitativos, aparte de su déficit.

Por tanto, cerrar las brechas sociales tendrá que seguir inspirando los planes de desarrollo distrital para garantizar una ciudad inclusiva, segura, sostenible y resiliente al cambio climático.

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Hay una discusión en Barranquilla acerca de cuáles deben ser sus énfasis en materia de inversiones y sobre el modelo de gobernanza a seguir. Me parece una discusión de la mayor importancia y debe estar en el centro del debate electoral de 2019, pero en el fondo creo que de lo que se trata es de encontrar unos acuerdos básicos acerca del modelo de ciudad que queremos.

Barranquilla, por ejemplo, necesita avanzar en democracia y transparencia.

Hemos crecido en obras, pero su concepción y diseño no se les somete a satisfactorias deliberaciones con expertos y las mismas comunidades. Por ejemplo, las convocatorias a concurso no han tenido el despliegue deseado. En el caso de la canalización de los arroyos se ha dicho que habiendo alternativas mejores, más económicas y ecológicas se optó por la que unilateralmente quiso definir la Administración Distrital. Quiere decir que no hubo un diálogo que atendiera voces especializadas.

Tampoco ha habido convincente claridad en el costo real de estas obras ni en los procesos de contratación correspondientes, en los cuales sigue gobernando la certeza de que el Gobierno Distrital favorece a un círculo de contratistas. De ahí las molestias en el gremio, que, sin embargo, no alcanzan a tener una gran repercusión.

Esta manera cerrada y antidemocrática de administrar la contratación del Distrito no solo ha sido un rasgo de las administraciones de Char Chaljub y Noguera De la Espriella, también fue una práctica en los gobiernos del Movimiento Ciudadano. La fustigué en algunas columnas de EL HERALDO.

Otras instituciones de la democracia local que no han recibido una motivación entusiasta en los gobiernos de Cambio Radical han sido: la rendición de cuentas (a pesar de haberle añadido recientemente el ingrediente sectorial), las alcaldías locales y las juntas administradoras, y la Política Pública de Participación que contribuyó a fabricar el PNUD y que no ha sido elevada a Acuerdo Distrital para proceder a su implementación. En desarrollo de esta política y de la ley de participación, tampoco se han enviado estímulos para apoyar las iniciativas de control social de la sociedad civil. De hecho, una de las dependencias más debilitadas en las administraciones de Cambio Radical ha sido la Oficina de Participación Ciudadana que se redujo a una instancia subalterna de la Secretaría de Gobierno.

Otra manifestación de unilateralidad de la Administración Distrital, que la ciudad aparentemente ha permitido, es la adopción de nuevos nombres para algunos escenarios deportivos construidos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lesionando de manera clara la memoria histórica, cuya preservación hace parte, además, de los compromisos adquiridos por la ciudad en el marco del plan que Noguera De la Espriella firmó hace unos años con el BID.

Un tema de transparencia en el que ha quedado comprometida la credibilidad de la Administración es Triple A donde ni el alcalde ni la interventoría del Distrito lograron impedir el saqueo de la empresa en favor de unos particulares.

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Podríamos seguir colocando más ejemplos, pero la conclusión es: Barranquilla tiene que convertirse en ejemplo de democracia y transparencia. Es clave para que el presupuesto se adopte con los ciudadanos y sepan estos cómo se ejecuta. Ya hay suficiente experiencia al respecto, así como herramientas tecnológicas para hacer eso posible. Con estas iniciativas y otras, Barranquilla se convertiría en un paradigma de gobierno abierto. Hoy no lo es. Para serlo se requiere voluntad política en el alcalde. Es él quien tiene que enviar el mensaje.

Otra condición para el desarrollo democrático de Barranquilla es que el Concejo sea una tribuna al servicio del control político y no un comité de aplausos silenciado con la ‘mermelada’. También el contralor debe ser alguien que desempeñe su tarea de vigilancia fiscal, y en su selección el alcalde no debe inmiscuirse. Hay que dejar que los tribunales (Superior y Administrativo) designen la terna sin interferencias, y que en la escogencia se tengan en cuenta los mejores perfiles éticos y profesionales. Hasta hoy esto no ha sido posible. Ni en los gobiernos del Movimiento Ciudadano ni en los de Cambio Radical. Los alcaldes convirtieron a los contralores en un apéndice. Y eso no es sano para la democracia local.

Un eje transversal de la ciudad futura tiene que ser la ética pública. Y pasa, en primer lugar, por la ética de los servidores públicos distritales. El enriquecimiento de algunos altos funcionarios a costillas de los impuestos ha sido un secreto a voces. Pero ni la Justicia Penal ha adelantado jamás una investigación por los inexplicables incrementos patrimoniales ni la ciudadanía envía manifestaciones de rechazo social.

Por lo contrario, hizo carrera este antivalor: “No importa que roben, lo que importa es que hagan”.

Desde lo más alto de la Administración se requieren ejemplos de probidad y eso significa desterrar la cultura del aprovechamiento del ‘cuarto de hora’, que, según la española Adela Cortina, es usar los cargos públicos como si fuesen de propiedad personal.

Comenzando por el alcalde, los aumentos patrimoniales de los servidores públicos deben corresponderse estrictamente con sus salarios o sustentarse en actividades económicas anteriores al desempeño del cargo. No es admisible que haya funcionarios que ingresen a la Alcaldía casi desprovistos de bienes materiales y al cabo de un tiempo exhiban costosas propiedades y lujosos vehículos de alta gama. O cuentas en moneda extranjera en otros países. Esa vagabundería no la podemos seguir tolerando.

Todo el que quiera ser multimillonario tiene el derecho a serlo, si es el resultado de su esfuerzo empresarial o profesional, y no el producto de robarse la plata de la ciudad por la vía de las comisiones o de la participación disfrazada en empresas o concesiones donde concurra el Distrito.

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Mi experiencia de servidor público en la Administración Distrital (1996-1997), me mostró, también, el rostro honesto, íntegro, de varios compañeros de gabinete, quienes, como yo, jamás incurrieron en ninguna transgresión ética y/o legal. En mi periplo por el Distrito, con mis apretados ahorros, solo alcancé a pagar la cuota inicial ($ 9 millones) de un sencillo apartamento de 50 metros cuadrados que en el año 1997 tenía un valor de $32 millones.

Sigo convencido de que el rasgo distintivo de un servidor público debe ser la probidad, el respeto a los recursos públicos. Los cuales rendirían más y se traducirían en más inversiones en calidad de vida de los ciudadanos, si los servidores públicos no los roban para ensanchar sus patrimonios. El expresidente uruguayo Pepe Mujica dice que quien quiera ser rico que se dedique a la industria o al comercio. No a la política, cuya esencia es servir desinteresadamente a la gente.