Contraloría halla presunto daño fiscal por $637.000 millones en represa del río Ranchería

La Contraloría General de la República determinó un presunto daño fiscal de $637 mil millones por la gestión antieconómica que ha presentado el Proyecto de construcción de la represa del Río Ranchería, en el departamento de la Guajira, al incumplirse buena parte de los objetivos y fines con que inició hace 13 años.

La suma en que se cuantificó este hallazgo fiscal equivale al valor de construcción de la Presa “El Cercado”, correspondiente a la Fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan (aún sin construir).

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Si bien la Contraloría evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas (con ostensibles retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmente), consideró que aún con la terminación de las mismas, no se logró el objetivo trazado inicialmente.

Según una Auditoría de Cumplimiento al proyecto, la única función que hoy cumple es regular el caudal del Río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importancia estratégica para el país.

Los objetivos centrales e indispensables del proyecto eran el suministro de agua potable a 9 municipios de La Guajira (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania), así como la construcción de los distritos de riesgo y la instalación de una microcentral hidroeléctrica.

El costo total ejecutado en la realización de los diseños detallados del Proyecto Ranchería, la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, incluida la interventoría, fue de $637.369.4 millones de pesos.

Dicho valor significa un aumento en $470.803 millones de pesos respecto al inicialmente establecido en los contratos de obra e interventoría.

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Así mismo, el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses y 20 días para obra; y de 72 meses a 106 meses y 27 días para interventoría.

“Para la Contraloría, se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad”. DATAIFX.