El largo camino que le falta a la consulta anticorrupción

La aprobación de la consulta anticorrupción en la plenaria del Senado este martes es apenas la primera etapa de un largo camino que comprenderá al menos dos años más para ver la implementación de las siete propuestas que justificaron la convocatoria de la misma, la cual, según el Gobierno, se realizará a más tardar el 2 de septiembre próximo.

Lo que sigue en cuanto a la consulta son dos pasos fundamentales, luego de que el presidente Juan Manuel Santos la convoque, tal y como ya lo anunció el propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, la realización de la misma muy seguramente la deberá hacer el próximo presidente de la República.

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Bien sea Iván Duque o Gustavo Petro deberán esperar a que la consulta logre el umbral requerido, es decir, que en la misma haya al menos una tercera parte del censo electoral, que serían alrededor de 12 millones de votos, de estos, la mitad más uno deberá refrendar la validez de cada uno de los puntos.

Al respecto, la senadora y promotora de la consulta, Claudia López, aseguró que el paso más importante ahora será el “más duro, debemos lograr que 12 millones de ciudadanos vayan a las urnas para ir a votar, la mitad más uno debe votar sí a cada una de las preguntas. Será un esfuerzo pedagógico enorme”.

Esa pedagogía de la que habla la senadora se hará por medio de la Registraduría Nacional y del comité promotor de la consulta, labor en la que tendrán que explicar el sentido de cada una de las normas y resaltar la importancia del porqué los electores deben salir a acompañarla con su voto.

Si se logra cumplir el umbral de votos y la mayoría aprueba la propuesta, el Congreso de la República tendrá un plazo de un año para tramitar y aprobar las normas que le den vida jurídica a lo decidido por los ciudadanos en las urnas. En caso de que el Congreso no las tramite en ese lapso, el Presidente de la República estará en la obligación de expedir las normas por decreto.

Es decir en términos de tiempo, de cumplirse como se calcula que se vote en septiembre próximo, los primeros proyectos de ley y las reformas constitucionales deberán llegar a las sesiones del primer semestre del año 2019 y de ahí iniciar su trámite.

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Las leyes, si tienen las mayorías, se podrían votar en una misma legislatura y podrían estar aprobadas en 2020, pero las reformas constitucionales, como por ejemplo para bajar el salario a los congresistas, deberán tener un trámite en dos legislaturas, es decir, que de aprobarse se harían efectivas solo hasta 2021.

Costos. De acuerdo con Guillermo Rivera, ministro del Interior, el costo de la consulta todavía no se ha estimado, a pesar de que Claudia López afirmara que rondaría los 100 mil millones de pesos, o de que Roy Barreras aumentara ese valor a los 300 mil millones. “Aún no tenemos oficialmente la estimación de los costos de esa consulta. Yo hablé anoche y esta mañana con el señor registrador, quien nos expresó que ellos ya vienen adelantando las evaluaciones para establecer a cuánto puede ascender el costo. COLPRENSA