ONU denuncia desplazamiento masivo de familias en Córdoba

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Colombia denunció ayer que al menos 425 personas, pertenecientes a 131 familias del municipio de San José de Uré, Córdoba, se desplazaron como consecuencia del conflicto armado.

“Esta situación se da como consecuencia del homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, ocurrido el 18 de enero por parte de un grupo armado no identificado, que además ordenó a las familias desplazarse de la zona”, indicó la OCHA en un comunicado.

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Asimismo, el pasado 21 de enero se registró un cruce de disparos en la aldea Campamento del mismo municipio por hombres armados también sin identificar.

Según el organismo internacional, “aproximadamente 30 familias se encuentran albergadas en hoteles y las demás en casas de amigos y familiares”.

La Personería local adelanta el proceso de toma de declaraciones y levantamiento de censo, el cual se encuentra abierto ante la inminente llegada de más personas.

Alerta de la Defensoría

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mósquera, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que dispongan de medidas de atención para la población que está siendo víctima de desplazamiento por los hechos violentos que se han presentado en tan solo cuatro días.

El primer acontecimiento al que hizo referencia el funcionario ocurrió el pasado 17 de enero, en el municipio de Magüi Payán (Nariño), donde se presentó un enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las FARC, que causó el desplazamiento de unas 45 familias.

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De otro lado, el 19 de enero, un segundo evento provocó el desplazamiento forzado de 149 familias, entre los que se encuentran miembros del Pueblo Zenú y campesinos de algunas veredas del municipio de Cáceres, en Antioquia. Se trató de una advertencia a la comunidad por parte de hombres armados, quienes aseguraron a los pobladores que se enfrentarían contra otro grupo ilegal, proveniente de Barro Blanco, en el municipio de Tarazá, Antioquia. La Defensoría pidió a las autoridades estar atentas ante la posibilidad de desplazamiento de otras 350 familias.

Habla Amnistía Internacional

Frente a una ola de desplazamientos forzados en varias partes del país, el Estado colombiano debe garantizar los derechos de las personas desplazadas y brindar protección a varias comunidades que siguen en riesgo, exhortó Amnistía Internacional a través de un comunicado, en el que advierte que entre el 17 y el 20 de enero, debido a enfrentamientos entre diferentes grupos armados en áreas del Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare, más de 1.000 personas han debido desplazarse forzadamente y muchas más están en riesgo de desplazamiento. VANGUARDIA