Aprobado el ´Fast Track´ para reglamentación del acuerdo de paz

Las dos herramientas fundamentales para reglamentar los acuerdos a los que llegó el Gobierno con la guerrilla en desmovilización de las Farc: el mecanismo legislativo de vía rápida y las facultades extraordinarias al presidente de la República, quedaron en firme tras la ratificación de la Corte Constitucional al Acto Legislativo de la Paz.

La vía rápida o fast track

El procedimiento legislativo especial, o también denominado ‘fast track’ o vía rápida, es una forma de acortar los tiempos para el trámite legislativo de las reforma constitucionales y de las leyes ordinarias que se presentarán en el tal sentido.

Según la reforma, para recibir ese tratamiento los proyectos sólo podrán ser presentados por el Gobierno y deberán acoger lo que se dice en el Acuerdo del Teatro Colón. Además estas iniciativas tendrán prelación en los órdenes del día en las comisiones respectivas y en las sesiones plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

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La principal modificación sobre los tiempos legislativos es que las reformas constitucionales, como por ejemplo la que se presente para tramitar la justicia transicional, se podrá discutir en comisiones primeras conjuntas y sólo requerirán de una vuelta de estudio y aprobación. En la actualidad, cualquier cambio a la Constitución Política que se tramite, se tiene que hacer en ocho votaciones distintas, las primeras cuatro en un mismo periodo legislativo (con dos debates en el Senado y dos en la Cámara), mientras que el periodo inmediatamente seguido de sesiones se tramita la segunda vuelta, con otras cuatro votaciones. De la misma forma los cambios en los proyectos sólo se podrán hacer con el aval del Gobierno Nacional, a la vez que su aprobación se hará en una votación por todo el articulado, es decir no se votará artículo por artículo como sucede en el procedimiento normal.

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Los tiempos de trámite entre comisiones y plenarias se mantienen en ocho días calendario. La aprobación de los proyectos en las plenarias será por separado.

Tras la aprobación de cada uno de estos proyectos, la Corte Constitucional les hará control automático, con la precisión de que para los actos legislativos, la revisión se hará sobre posibles vicios de procedimiento.

Las facultades para Santos

La segunda columna de esta reforma constitucional que quedó vigente tiene que ver con las facultades especiales para el actual presidente de la República, las cuales existirán con la entrada en vigencia de este acto legislativo y serán por 180 días (seis meses).

Esto significa que el jefe del Estado quedó con potestad de expedir decretos con fuerza de ley para desarrollar el Acuerdo del Teatro Colón, siempre que estos no sean para reemplazar reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes de códigos o para decretar impuestos.

Esos decretos presidenciales también tendrán control automático de parte de la Corte Constitucional, que se deberá demorar máximo dos meses.

Las leyes que pasarán por la vía rápida

Gracias al procedimiento legislativo especial ratificado este martes por la Corte Constitucional, el Congreso de la República estaría aprobando antes de finalizar el primer trimestre de 2017 el primer paquete legislativo de reforma constitucionales y leyes que permitirán dar vía a la implementación de lo pactado entre el gobierno y las Farc para la terminación del conflicto armado.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, precisó cuál será ese primer paquete de normas legislativas que se deberán tramitar. Las mismas, en su mayoría, ya están expresadas en el texto del llamado ‘Acuerdo del Teatro Colón’.

El siguiente es el resumen de lo que se busca con esas leyes y enmiendas constitucionales.

Ley de amnistía

Determinará todo el marco en el cual debe trabajar la Justicia Especial para la Paz (JEP), en su sala de amnistía, hay unas amnistías que se pueden conceder a la guerrillerada, en donde simplemente determinando quiénes han cometido el delito de rebelión y cuáles son los delitos conexos y que han sido reconocidos por la jurisprudencia colombiana se puede avanzar en concederlas.

También está el tratamiento que se le dará a los delitos de lesa humanidad, que no son amnistiables, que no son indultables. Tendrán que ir a la JEP para decir la verdad y contribuir con la reparación para ser objeto de una pena alternativa como está contemplada en el acuerdo.

Justicia especial para la paz

Esta reforma constitucional se le denomina como la JAP y será básicamente el acuerdo en materia de justicia a los que llegaron el gobierno y las Farc en toda su negociación. La reforma que se radicará plantea cómo será su integración, el funcionamiento, la forma en que se escogerán los magistrados, el funcionamiento de las salas, la aplicación de la propia justicia y la restricción de la libertad de los guerrilleros que hayan cometido crímenes de guerra.

Reforma para cumplir acuerdos

Una enmienda más a la Constitución, sería el artículo en donde se enuncia la obligación del Estado para los próximos tres gobiernos de cumplir de buena fe el contenido de estos acuerdos. Esta reemplaza lo que estaba contemplado en el acuerdo anterior que era convertirlo en bloque de constitucionalidad.

FARC como partido político

Otra reforma constitucional que se radicará es la referente a la normatividad, que permite la creación de las FARC como partido político y los beneficios que en ese sentido les trae su reincorporación a la vida civil.

La primera participación política de las FARC se prevé será en las elecciones de 2018. Según el ministro del Interior, es importante que quede claramente establecido el proceso de transición.

“El fin último del proceso de paz es que las FARC desaparezcan como movimiento armado y se conviertan en partido político sin armas. Por eso debemos tener listo el acto legislativo, para que cuando termine el proceso al día D+180 de desmovilización y desarme, puedan constituir su partido político”, sostuvo.

Ley para Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

También hace parte de los temas claves pactados entre el gobierno y las FARC. Esta ley permitirá dotar a las autoridades nacionales de los mecanismos legales para que se puedan encontrar a miles de personas que han desaparecido en medio del conflicto armado

. Dicho procedimiento se cumplirá con la información que deberá entregar las FARC en el marco de verdad y reparación. La ley, además garantizará de recursos económicos para tal fin.

Ley de Alertas Tempranas

Esta ley tiene como objetivo mejorar al interior de la Defensoría del Pueblo los mecanismos de alerta temprana de posibles acciones de crímenes, desplazamientos o presencia de grupos armados ilegales en aquellas zonas del país en donde estén amenazadas las comunidades o líderes sociales y de derechos humanos. La ley fortalece la presencia de la Defensoría en esas regiones.

Ley para combatir bandas criminales

Esta ley busca la creación de la unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, tema que ha sido de especial preocupación de las Farc durante toda la negociación.

La ley otorgará en especial a la Fuerza Pública los mecanismos para perseguir y detener a esos delincuentes, mientras que a la Fiscalía se le facilita su judicialización.

Ley de tratamiento penal diferenciado

Un proyecto de ley más que se discutirá en este periodo especial de sesiones el que crea un tratamiento penal diferenciado para los campesinos, esto con el fin de determinar beneficios a los pequeños cultivadores de cocaína. COLPRENSA.