El 0,4% de las fincas concentra el 67% de la tierra en Colombia
- Redacción Acta diurna
- 7 dic 2016
- 3 Min. de lectura
Oxfam dio a conocer esta semana un informe en donde explica por qué América Latina es la región más desigual del mundo en la distribución de la tierra y aporta datos contundentes de esta grave problemática. El informe concluye que más de la mitad de la tierra productiva de la región está concentrada en el 1% de las explotaciones agropecuarias de mayor tamaño y Colombia es el caso más extremo: sólo el 0,4% de las fincas concentran más del 67% del total de la tierra productiva.
El reporte Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina también demuestra que las pequeñas fincas familiares, a pesar de ser 80% de todas las explotaciones, ocupan menos del 13% de la tierra productiva y que las mujeres agricultoras son las más afectadas por esta desigualdad, pues las parcelas que trabajan son aún más pequeñas y de peor calidad que las de los hombres.
Según el informe, el extractivismo –un sistema basado en explotar a gran escala los recursos naturales para producir materias primas– es la raíz de la alta desigualdad del reparto de la tierra. Este modelo productivo -concentrado en las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los monocultivos como la palma de aceite- se ha apoderado del territorio, ampliando su control de grandes extensiones en años recientes y aumentando su influencia en las políticas públicas.
Muestra de ello, es que en Colombia –que es el primer exportador de oro de América latina-, la superficie bajo concesión minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 5,7 millones de hectáreas en 2015. Es decir, el 5% del territorio nacional está concesionado.
La mayor parte de los beneficios obtenidos con la explotación a gran escala de los recursos naturales queda en manos de las élites empresariales y de corporaciones transnacionales que concentran un creciente poder económico y político. Esto les permite influir sobre las políticas y regulaciones nacionales e internacionales, haciendo prevalecer sus intereses privados sobre los beneficios de todos los ciudadanos.
La competencia por el control de los recursos naturales ha disparado los conflictos territoriales entre las grandes empresas y las comunidades y ha incrementado de forma alarmante los índices de violencia contra defensores y defensoras del medioambiente y de los derechos humanos –a menudo con la pasividad o complicidad del Estado. Los pueblos indígenas son los más amenazados, pues sus territorios no están bien demarcados ni protegidos y los gobiernos los entregan a actividades extractivas, en la mayoría de las ocasiones sin su consentimiento.
“Se necesitan acciones audaces para eliminar los privilegios de unos pocos y asegurar los derechos de todos, priorizando el acceso y control de la tierra y recursos básicos para todas las personas y comunidades que dependen de ella. La persecución y criminalización de quienes defienden este derecho deben parar ya, y los gobiernos y las empresas están obligados a respetar los derechos de las personas y los pueblos sobre sus territorios”, afirma Ticehurst.
Oxfam hizo un llamado al Gobierno Nacional a que trabaje en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que éstos no queden solamente en el papel. Para ello es necesario promover una nueva redistribución de la tierra, impulsar un crecimiento económico equilibrado y diversificado, y limitar la capacidad que tiene la gran industria y las élites económicas para influir sobre el diseño e implementación de políticas públicas.
Así mismo, es de suma importancia que el Gobierno garantice los derechos de las personas y comunidades, incluyendo el derecho a la consulta previa para que toda comunidad afectada por inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales pueda dar o negar su consentimiento libre, previo, e informado.
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