Lo que opinan los jueces sobre la salud en Colombia

Se han conocido los resultados de un estudio realizado entre abril y julio del 2015 en Colombia por parte de Banco Mundial sobre algunos de los desafíos que enfrentan los jueces colombianos al fallar tutelas de salud, especialmente las características y necesidades en materia de información al momento de proferir los fallos relacionados con temas de salud.

Para adelantar el estudio, denominado “Estudio exploratorio sobre mecanismos de asistencia técnica en asuntos de salud y tutela en Colombia”, se estructuraron tres grupos focales contando con la participación de 33 jueces municipales y jueces de circuito de Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura; en calidad de observadores, asistieron funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social.

Uno de los resultados del estudio, con fundamento en lo dicho por un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, indica que “cada tutela le cuesta a la Rama un millón de pesos, lo que significa que atender las tutelas de salud tuvo un costo anual de cerca de 120 mil millones de pesos en 2014”, pues según los datos de la Defensoría del Pueblo las tutelas por salud en ese año fueron 118.221. Lo anterior porque los jueces “se convirtieron en médicos y sus despachos en EPS” al “asumir tareas administrativas que no les corresponden, relacionadas con asuntos como la verificación de la información de los accionantes dentro del sistema de salud (afiliación, ubicación, nivel de ingresos)”.

Como se conoció, la gran mayoría de las tutelas de salud corresponden a reclamaciones de servicios, procedimientos, intervenciones, atenciones y medicamentos que hacen parte del plan de beneficios al que tienen derecho los ciudadanos de este país y por lo que no habrían de tener que reclamarse por esta vía, por lo que cobra aún más importancia la posición que ha fijado al respecto la Corte Constitucional que ha dicho que la salud del paciente se transgrede cuando se le obliga a acudir a la administración de justicia para hacer valer sus derechos constitucionales.

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Para los jueces, las EPS “no realizan su trabajo conscientemente, limitan los servicios y restringen el Derecho a la Salud de las personas usuarias para optimizar las posibilidades de lucro”, además que manifiestan una “reiterada no respuesta frente los requerimientos de información por parte de los jueces y de los usuarios en los tiempos adecuados”, por lo que concluyen que dichas empresas “no asumen su responsabilidad e incluso priorizan los factores económicos sobre las dimensiones humanas”, e inclusive perciben que el desacato se convirtió “una estrategia de las EPS para dilatar los procesos, ganar tiempo y medir la resistencia de los usuarios que pueden desistir en el proceso”.

Resulta lapidario que los jueces manifiesten que “si la Superintendencia de Salud cumpliera con su función (inspección, vigilancia y control), ellos no estarían obligados a impartir sanciones a las EPS”, evidenciándose así la crónica actuación omisiva de dicha institución frente a su deber funcional. Así las cosas, en Colombia los jueces terminaron asumiendo los roles de las EPS y de la citada Superintendencia, porque las aseguradoras y la Supersalud no cumplieron con sus responsabilidades al respecto.

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@ulahybelpez

(1) El autor es Médico Cirujano y Especialista en Gerencia de Servicios de Salud (Universidad del Norte, Barranquilla); Especialista en Seguridad Social Latinoamericana (CIESS, México). Ha sido: Vicepresidente Nacional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas; Consejero Nacional, Departamental del Atlántico y Distrital de Barranquilla de Seguridad Social en Salud; miembro de juntas directivas y asesor de IPS privadas y empresas sociales del estado; asesor en salud en entidades territoriales; asesor de la Contraloría General de la República. Actualmente: conferencista nacional e internacional en reformas de salud; docente universitario de postgrado en legislación en salud; columnista en medios impresos y virtuales; consultor y asesor en servicios de salud.