Electricaribe: ¿Y ahora qué sigue?
- Amylkar Acosta M
- 23 nov 2016
- 6 Min. de lectura
Como ya lo dijimos, el Gobierno Nacional quemó sus últimos cartuchos el pasado fin de semana intentando llegar a un acuerdo con el CEO de Gas Natural – Fenosa, empresa española con el 83% de las acciones de Electricaribe, Isidre Fainé, pero los esfuerzos resultaron infructuosos y se levantaron de la mesa sin llegar a algún avenimiento. El Gobierno insistió en la necesidad de una capitalización de la empresa2, para que esta, además de cubrir sus obligaciones vencidas con el mercado eléctrico pudiera también cumplir con su parte del Plan5Caribe, que compromete inversiones del orden de los $1.1 billones en la infraestructura del Sistema de Transmisión Local (STL) y las líneas de distribución, que son de su responsabilidad como Operador de red en la región Caribe.
Estas negociaciones se adelantaron en medio de la seguidilla de impagos, que obligaron a XM, como Administrador de la Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a poner en marcha los procesos de “limitación de suministro” del fluido eléctrico al mercado servido por Electricaribe, a la espera de que esta cubriera las garantías exigidas. Ello significaba para los 2.5 millones de usuarios de esta empresa soportar 3 horas diarias, que podrían ampliarse a 4 horas, de racionamiento programado, que se vendrían a sumar a los no programados a los que los resignados usuarios ya están acostumbrados. El plazo límite del último de ellos se vencía el miércoles 16 de los corrientes.
Ante la inminencia del racionamiento programado, la Superintendencia se vio compelida a actuar, pues sólo ella está facultada por el artículo 59 la Ley 142 de 1994 y la Resolución 116 de 1998 de la CREG, la cual fue adicionada por la Resolución 69 de 2000 y modificada por la Resolución 79 de 2001 de la misma, para interrumpir o suspender el procedimiento de la “limitación de suministro”. Y la única forma de hacerlo era mediante la toma de posesión de Electricaribe y proceder en consecuencia, como en efecto lo hizo el Superintendente José Miguel Mendoza.
Dos fueron las razones invocadas por la Superintendencia de Servicios Públicos para la toma de posesión, mediante la Resolución 20161000062785 del 14 de noviembre, previo concepto favorable de la CREG
La primera que, según el reporte de la firma Deloitte, Auditora externa de Electricaribe, estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”, pues además de no contar con los recursos suficientes para garantizar su operación, proyectándose un déficit de caja para fin de año del orden de los $655.313 millones, sus posibilidades de acudir a la banca para su financiamiento eran cada vez “más limitadas”. Ello entrañaba, además, un riesgo sistémico que podría llegar a afectar a todo el SIN por el efecto dominó que hubiera podido desencadenarse ante sus reiterados incumplimiento con los generadores.
La segunda, tiene que ver con el incumplimiento de parte de Electricaribe tanto de la Ley 142 de 1994 como de la Ley 143 del mismo año, que establecen claramente que el servicio de energía se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad. Y resulta que, según los registros de XM el Índice trimestral agrupado de discontinuidad (ITAD) de ELECTRICARIBE en el primer trimestre (0.03806) estuvo desfasado con respecto al tope regulatorio (0.01635) y ni se diga en el segundo trimestre, que registró 0.03606, cuando el tope para este último período era de 0.01441.
Pero a lo anterior hay que añadir que la empresa había dado claras muestras de su incompetencia y falta de gestión, amén de la pésima atención al cliente. Es proverbial la falta de mantenimiento de las redes, las cuales además de su obsolescencia están expuestas a un ambiente de alta salinidad en el ambiente, lo cual demanda más y mejor mantenimiento con respecto a otras zonas del país.
Ello se traduce en la constante fluctuación del voltaje, dando al traste con los electrodomésticos de los usuarios y los frecuentes accidentes, los cuales han cobrado 120 víctimas fatales, 12 de ellos niños, atribuibles a la desidia de la empresa. Y qué decir de la paquidermia en la ejecución de los recursos provenientes de los fondos PRONE, para normalización de redes y FAER, para electrificación rural, que maneja el Ministerio de Minas y Energía, proyectos estos que son el complemento necesario del Plan5Caribe, de los cuales, según la Contraloría General, siguen embolatados aproximadamente $65.000 millones, sin ejecutar, en medio de semejante crisis, esta vez no por dificultades en su flujo de caja.
No han faltado quienes han reaccionado a la medida tomada por la Superintendencia calificándola como tardía, pero la realidad es que no se podía tomar antes ni después sin exponer a los usuarios y al propio Estado a riesgos de tipo legal que después tendríamos que lamentar.
Había que actuar con suma prudencia y con gran dosis de responsabilidad, sólo en el momento en que se configuraron las causas para tomar posesión de Electricaribe se hizo. Ahora bien, esta intervención por parte de la Superintendencia no va a resolver como por ensalmo los problemas de la eficiencia, calidad y continuidad en la prestación del servicio, porque su solución pasa por la corrección del rezago histórico de las inversiones que han debido hacerse en su momento y no se hicieron. De allí la premura con que debe ejecutarse el Plan5Caribe que apunta a la solución del problema estructural.
Por lo pronto, la toma de posesión de Electricaribe nos libra de los racionamientos programados que venían en camino, habida cuenta que ya se tienen pólizas vencidas por valor de $165.905 millones, las cuales serán cubiertas por la nueva administración, encabezada por su Presidente Edgardo Sojo y el Agente Especial Javier Lastra, apelando a un préstamo por parte del Fondo Empresarial por valor de $120.000 millones, que ya está en trámite para solventarlo.
Hay que entender que esta intervención por parte de Electricaribe, que dio lugar a la toma de posesión no es el punto de llegada sino el punto de partida, en procura de la solución definitiva de la problemática de esta empresa que se ha convertido en una pesadilla para la región Caribe. Se ha convertido en lo que uno de los gobernadores del Caribe en “una vaca muerta atravesada en la mitad del camino” de su crecimiento y desarrollo.
La Superintendencia se va a dar cuatro meses, aproximadamente, antes de tomar la decisión con respecto al carácter de su toma de posesión, para definir si esta se va a limitar a la reorganización y refinanciación de la empresa, para lo cual cuenta con el apoyo de la consultora estadounidense Treta Tech o si va más allá, disponiendo su liquidación para dar paso a un nuevo Operador.
Superada esta emergencia, se tendrá que proceder a gestionar los recursos tendientes a destrabar el componente del Plan5Caribe que le corresponde ejecutar a Electricaribe y tratar así de recuperar el tiempo perdido. Para ello y con el ánimo de pasar de la problemática a la ´solucionática´, le hemos planteado varias propuestas al Gobierno Nacional: la primera de ellas es una reiteración a la que le presentamos al Presidente Santos en la Cumbre energética del 14 de enero de este año, en el sentido de constituir un patrimonio autónomo con los recursos provenientes de los fondos PRONE y FAER, mediante la titularización o pignoración de estos, con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos que se financian con los mismos.
He insistido también en la importancia de darle el carácter de proyectos de interés estratégico nacional (PINES) al paquete de proyectos contemplados en el Plan5Caribe, para que la ejecución de los mismos sea más expedita. Y, finalmente, en vista del déficit de $400.000 millones, aproximadamente, que acusa el Fondo de Energía Social (FOES) que cubre los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 para el 2016, de los cuales el 42% corresponde a los usuarios de Electricaribe, hemos propuesto una fórmula con el fin de que no tengan que esperar hasta el año entrante para que le giren $211.000 millones, aproximadamente, entre lo ya causado y lo correspondiente al último trimestre de este año. Se trata de expedir una Resolución de reconocimiento de tales subsidios hasta la concurrencia del monto que le corresponde, para que la misma le sirva de respaldo o garantía y así poder tramitar un crédito de caja en la banca, para poder disponer de dichos recursos en momentos en los que más los necesita la empresa.
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