El sabor amargo por el impuesto a las bebidas azucaradas

A mediados del pasado mes de octubre, el gobierno presentó ante el Congreso de la República la propuesta de la nueva reforma tributaria estructural para los ciudadanos de este país. Además de presentar dicha propuesta una serie de modificaciones a los actuales impuestos que pagan los colombianos y la creación de algunos nuevos, el gobierno también pretende que se apruebe el impuesto a las bebidas azucaradas. De acuerdo con el texto que radicó el gobierno ante el legislativo, se entiende como bebidas azucaradas “bebidas azucaradas, entre las que se incluyen bebidas energizantes, bebidas saborizadas y en general cualquier bebida que contenga azúcares añadidos o edulcorantes”. Aplicaría también este impuesto a los “concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución, permiten la obtención de bebidas azucaradas, energizantes o saborizadas”.

El texto de la reforma tributaria propuesta por el ejecutiva, es aún más específico al refererirse a estas bebidas azucaradas al definir que para efectos del citado nuevo impuesto “se considera como bebida azucarada la bebida líquida, que no sea considerada bebida alcohólica y a la cual se le ha incorporado cualquier edulcorante natural o artificial, y azúcares añadidos. En esta definición se incluyen bebidas gaseosas, bebidas a base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta en cualquier concentración, refrescos y néctares de fruta, bebidas energizantes, bebidas deportivas, refrescos, aguas endulzadas”.

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Así las cosas, según la reforma tributaria propuesta por el gobierno, un tipo de bebida azucarada como las gaseosas, deberán pagar un impuesto de 300 pesos por cada litro de bebida comercializado, al decir que “la tarifa del impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas será de tres cientos ($300) pesos por cada litro (mil centímetros cúbicos o su equivalente)” y “estará a cargo del productor, el importador, o el vinculado económico de uno y otro”.

La iniciativa del ejecutivo frente a este impuesto se fundamenta en el supuesto ánimo de generar nuevos recursos para el sector salud para precisamente proteger la salud de los colombianos de elementos o productos cuyo consumo le generan impactos negativos en la salud de los ciudadanos de este país.

Ante algunas manifestaciones de rechazo a este nuevo impuesto, como por ejemplo de parte de FENALCO, días después el Ministro de Salud Alejandro Gaviria fue enfático en aclarar que “los impuestos saludables garantizarán la sostenibilidad del sistema de salud” y evitará la enfermedad muerte de 3 mil personas en Colombia cada año por dicha causa, haciendo énfasis a dicho gremio de comerciantes que los los tenderos no estarían amenazados por el pago de ese nuevo tributo.

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La semana pasada ,el Ministro Gaviria, abordando las históricamente difíciles, sensibles y complejas relaciones entre la ciencia y la política publicó en su blog seis enlaces conducentes a una serie de evidencias científicas que respaldan la propuesta del gobierno al establecer el nuevo impuesto para el consumo de bebidas azucaradas dado el daño que éstas generan en la salud de quienes las consumen.

Comparto con el jefe de la cartera que independiente a los eventuales conflictos de interés que pudiesen existir en la toma de las decisiones públicas, este tipo de decisiones deben observar y respetar “la totalidad de la evidencia, el análisis de los análisis, las conclusiones de las conclusiones”, tal y como lo plantea en su escrito. Igualmente estoy de acuerdo con él, que se genere un desestímulo al consumo de bebidas que resultan ser nocivas para la salud de quienes las consumen y que el tributo al consumo a estas bebidas azucaradas esté a cargo a cargo del productor, el importador, o el vinculado económico de uno y otro, y así no se genere más morbilidad y hasta mortalidad evitables en Colombia por dicha razón, o por lo menos, disminuyan.

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Sin embargo, si no se toman medidas estructurales desde el mismos sector salud en Colombia, lo que incluye de manera obligada la puesta en marcha de serios programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel de todas las aseguradoras que operan en Colombia, tanto las del régimen contributivo como del subsidiado, y si a los ciudadanos de este país que están afiliados a estas entidades no les garantizan el acceso y la oportunidad a estos programas, poco o nada será la ganancia real en salud pública que se derive de este nuevo impuesto al consumo a las bebidas azucaradas.

Si en este país no se estructura y opera una efectiva política pública de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, Colombia seguirá gastando mucho dinero por el enfoque actual del modelo curativo, sus ciudadanos no tendrán buenos niveles de salud y seguirán generándose tanto enfermedades como muertes evitables. Mientras que con seguridad, otra sería la realidad si de una vez por todas el país re-enfocara y modernizara su modelo de salud, invirtiendo de manera significativa en protección y prevención, haciendo un buen uso de los billonarios recursos financieros del sistema e incentivando a quienes desde el aseguramiento y la prestación alcancen mejores indicadores de bienestar para sus afiliados y calidad en los servicios y atenciones que realicen respectivamente.

ubeltran@hotmail.com @ulahybelpez El Autor es Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.