La avaricia en contra de la salud

El debate que se ha creado en torno al impuesto a las bebidas azucaradas, con el cual el gobierno aspira, por un lado, a recaudar aproximadamente medio billón de pesos al año para el sistema de salud y, como segunda medida, reducir los índices de obesidad, diabetes y otras enfermedades relacionadas, también se ha dado en otros países. Sin embargo, la apuesta ha sido acertada. Los comerciantes, sobre todo Fenalco, y la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI han salido a la carga con una costosa campaña que evalúa como negativo el eventual nuevo impuesto, con el argumento que será una pesada carga para los tenderos y los mismos consumidores, que generará desempleo y contrabando, sin que exista un efecto concreto en la reducción de la obesidad y la diabetes. Pero, ¿eso es así?

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Según cifras de la International Diabetes Federation (IDF), entidad avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia se ubica como el segundo país con mayor número de diabéticos en Latinoamerica, luego de México y los datos del Ministerio de Salud indican que el costo de atención en salud a las personas con enfermedades asociadas a la obesidad le cuesta anualmente al Estado entre 2 y 4 billones de pesos. En nuestro país mueren al año aproximadamente 4.000 personas a causa de la obesidad. Un 48% de las muertes por enfermedades cardiovasculares en hombres y un 45% de las muertes registradas por enfermedades circulatorias y un 11% de las registradas por cáncer en mujeres fueron atribuidas a la obesidad. En México, en donde se impuso ese tributo con una tasa aproximada del 10% del valor de las bebidas desde enero de 2014, se logró ese primer año -según datos de un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de ese país, en conjunto con la Universidad de Carolina del Norte- una reducción promedio anual del consumo del 6%, alcanzando el 12% en diciembre de ese año, lo que equivale a un menor consumo por persona de 4.2 litros con respecto al consumo del año inmediatamente anterior, cuando no existía el impuesto. Así mismo, el estudio demuestra que se observó una reducción del consumo en todos los niveles económicos siendo mayor en los estratos bajos con un 9% promedio anual, llegando al 17% de reducción del consumo en diciembre de 2014. Por otro lado, el estudio muestra que en el mismo período hubo un aumento del 4% en el consumo de las bebidas no azucaradas, las cuales no tienen el impuesto mencionado, de las cuales encabeza la lista el agua embotellada. Pero aquí es donde viene lo bueno: el estudio afirma que con los resultados obtenidos en el primer año de aplicación del tributo existe “evidencia científica sólida de la utilidad del impuesto” para la salud pública, pues de sostenerse esa reducción en el consumo de bebidas azucaradas del 6%, consideran que –siendo conservadores- se “podrían evitar 183.000 casos de obesidad y 114.000 de sobrepeso en 10 años”, así como nada menos que “400.000 casos menos de diabetes diagnosticada para 2030”.

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Por su parte, las gigantes del negocio, Pepsi y Coca Cola, informaron el año pasado a Reuters que luego de la entrada en vigor del impuesto ha tenido una expansión consistente en sus ventas en México. En Colombia, el tributo, tal como fue presentado por el Ministerio de Hacienda en la reforma tributaria, representaría alrededor del 15% del valor al consumidor final del precio de las bebidas azucaradas ($300 por litro), lo cual, siguiendo los resultados del país Azteca podría incluso generar mayores beneficios para la salud de los colombianos en doble vía: por un lado, en la reducción del consumo de este tipo de bebidas, lo cual reduciría evidentemente el riesgo y, por ende, la atención del sistema de salud por estas causas reduciendo de esta manera los costos provenientes del cuidado y tratamiento de estas enfermedades, mientras que por otro lado aumentaría los recursos con que se alimenta el servicio de salud.

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En definitiva, estar en desacuerdo con un impuesto que beneficia la salud concreta de los colombianos vía reducción del consumo de bebidas azucaradas y lo que estas conllevan, pero que además aumenta los recursos de un sistema de salud que siempre está en crisis por falta de recursos, es simplemente una posición que Fenalco y otros grupos económicos plantean simplemente por avaricia, mezquindad y terquedad, sobre todo cuando la experiencia demuestra que los fabricantes de éstas mercancías, que son los mismos que producen otro tipo de bebidas, no se ven afectados al incrementarse el consumo de otros de sus productos, como por ejemplo, el agua embotellada (no azucarada), que a todas luces es más saludable.

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