El macabro contador de la muerte en nuestro país
- Por: Ulahy Beltrán L.
- 26 oct 2016
- 4 Min. de lectura
Parece un tic-tac de reloj, es constante y no se cansa. Sólo que este contador “made in Colombia” no cuenta segundos, minutos ni horas, ¡cuenta muertes! Lo grave, es que son muertes evitables, es decir que no debieran ocurrir pues con el conocimiento médico y la tecnología existentes pudieran haberse prevenido; lo peor, es que los que mueren son niños, justamente un grupo poblacional constitucional y legalmente protegido en este país. El día que escribo esta columna (20/10/2016), se reporta en los diferentes medios de comunicación una nueva de estas muertes evitables, la número 64 de niños wayúu por razones asociadas con la desnutrición, sólo en lo que va corrido del presente año 2016. La última víctima en fallecer fue una menor de sólo 2 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena de Surulat, zona rural del municipio de Albania en La Guajira, y quien padecía desnutrición aguda, muriendo finalmente en un hospital del municipio de San Juan del Cesar, localizado también en La Guajira. Sin embargo, lo común y frecuente de este tipo de noticia que informa otra muerte más de un niño wayúu por causas asociadas con la desnutrición, le ha quitado la capacidad de asombro a los colombianos y casi que los ha acostumbrado a este lamentable hecho.
Con este caso del macabro contador de la muerte que en esta última semana ya había anunciado la muerte de otros dos niños wayúu, otra vez se pone en evidencia las fallidas presencia y respuesta del estado para lograr la protección del derecho fundamental de la salud y la vida en esta población indígena. No se puede olvidar que por estas mismas razones, el pasado 11 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una trascendental decisión frente al tema de desprotección en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu en el departamento de La Guajira, básicamente por el riesgo en el que se encuentra esta población de menores de edad ante la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición, entre otros factores. En esa fecha, la CIDH solicitó al estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de este grupo poblacional en los municipios guajiros de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, en los que se tenía como nefasto antecedente la muerte de 4770 niños y niñas durante los últimos ocho años. Esa gestión ante la CIDH, realizada por la comunidad civil y organizaciones sociales, tuvo como principal motivación el convencimiento que desde la institucionalidad interna del estado colombiano, no habría capacidad para encontrar soluciones a la grave problemática que enfrenta esta población.
Tal y como en anteriores ocasiones lo he dicho en mis escritos, sin lugar a dudas, la “sombrilla protectora” del estado en esta zona del país está rota desde hace rato y por esa razón sigue dejando pasar libremente los rayos del hambre, la sed, la desatención en salud, la corrupción en los programas de alimentación de estos menores con operadores para nada idóneos así como la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de algunas aseguradoras de salud que no garantizan ni los programas de prevención a sus afiliados como tampoco la atención oportuna de quienes enferman, entre otros perversos rayos que se han venido filtrando hasta quemar con la misma muerte a los niños de La Guajira. Como se puede ver, es triste lo que continúa pasando con los niños que enferman y mueren en La Guajira. Ya no debe haber más espera para que de una vez por todas esta problemática, que nadie niega es sumamente compleja, entre a ser prioridad en la agenda de soluciones pendientes, obligadas y urgentes de las autoridades nacionales y territoriales del sector salud, porque en últimas el tema pasa por la violación reiterada y sistemática de los derechos a la salud, la nutrición y la vida de esta población, que reitero, está constitucional y legalmente protegida.
Ahora bien, aunque esta cifra de 64 muertes de niños wayúu por causas asociadas con la desnutrición en el presente año se reconoce como cifra oficial, lo cierto es que ni el gobierno ni las mismas autoridades indígenas saben con exactitud cuántos niños indígenas mueren cada día por ese concepto en La Guajira, puesto que con seguridad hay menores que fallecen en las comunidades y esos casos no son reportados, lo que pudiera aumentar significativamente el número de estos niños que fallecen en ese departamento, lo que agravaría aún más dicha realidad. Mientras los jinetes del Apocalipsis del hambre y de la muerte siguen galopando las tierras de nuestra querida península, mientras el estado siga sin garantizarle la protección a la población infantil indígena en ese territorio, mientras no se atiendan de la debida forma las medidas cautelares ordenadas por esa razón por parte de la CIDH, seguirá activo, constante y sonante, el macabro contador de muertes evitables en Colombia. http://ulahybeltranlopez.blogspot.com.co/
ubeltran@hotmail.com @ulahybelpez (1) Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.
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