Hospitales públicos en Colombia, ¿especie en vía de extinción?

La red pública hospitalaria es tal vez el patrimonio social más preciado de la comunidad. Sin embargo, por lo que viene pasándole en los últimos días a los hospitales públicos en Colombia, sobre ellos se ciñe un oscuro y pesimista presente y un futuro aún más grave. Son varias las novedades informativas que corroboran ese escenario y que según ACESI, el gremio que agrupa a estos prestadores de servicios de salud en el país, atentan contra la continuidad de la operación de estas Empresas Sociales del Estado en el mercado de los servicios de salud y de manera consecuente, atentan contra el derecho de la salud de los colombianos, y de manera especial contra el derecho de la población pobre y vulnerable que es la principal consultante de estos centros de atención. Para empezar, el pasado 5 de julio del presente año 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2867, mediante la cual se formaliza la ventana para que las Empresas Promotoras de Salud del régimen subsidiado justifiquen la contratación de una serie de servicios con prestadores privados, lo que amenaza de manera significativa la participación en el mercado de los hospitales públicos. Mediante dicha resolución, lo que antes era obligatorio en la contratación de las EPS del subsidiado con las Empresas Sociales del Estado, se volvió optativo para dichas aseguradoras en la contratación de los servicios de promoción y prevención con los hospitales públicos debidamente habilitados. Esta norma amplía los criterios para que aspectos como el incumplimiento, la no oferta y otras razones más se justifiquen por las EPS para contratar dichos servicios con las IPS privadas. Sin embargo, esta nueva ventana de contratación se abre no sólo para las EPS con las IPS privadas, sino que ahora las entidades territoriales podrán contratar también con la red privada la atención de los servicios dirigidos a la población pobre no asegurada que se ampara en recursos en lo no cubierto por subsidios a la demanda, también en detrimento de la permanencia de los hospitales públicos en este mercado de servicios tan complejo de operar y de entender. Días después, exactamente el 29 de julio, el mismo Ministerio de Salud y Protección Social mediante otro acto administrativo, la Resolución 3328 de este año, informó la suspensión hasta nueva orden la compra de cartera de los prestadores de servicios de salud, que precisamente es uno de los mecanismos que fueron definidos por el ejecutivo en un plan de contingencia para darle liquidez a las IPS ante el no pago por parte de quienes les compran sus servicios por atención a sus afiliados. Si bien es cierto que la suspensión según el citado Ministerio obedece a la actual “limitación de recursos de la Subcuenta de Garantía del FOSYGA” que es la que operaba como fuente financiadora de dicha compra de cartera, no resulta menos cierta la actual condición de iliquidez que viven los hospitales públicos, por una astronómica cartera que se les adeuda y que según ACESI es de más de 12 billones de pesos. Por ello, para el gremio de los hospitales públicos, esa medida de suspender la compra de cartera “les continúa quitando oxígeno”, impidiéndoles continuar funcionando sin traumatismos. Esta nueva medida y el tamaño de la cartera antes citada restringen aún más el margen de maniobrabilidad que tienen los gerentes de los hospitales públicos, como quiera que por ser entidades oficiales les aplica lo definido en la ley de presupuesto que establece que sólo pueden gastar de acuerdo con lo que puedan recaudar. En ese orden de ideas, con hechos sobrevinientes como las mega-liquidaciones de Caprecom y Saludcoop, además del no pago de la cartera corriente por parte de las EPS, especialmente del régimen subsidiado, y ahora por la suspensión de la compra de cartera, los presupuestos que fueron aprobados a principio de año para la operación del año 2016, obviamente se están agotando y se prevée que sólo alcancen para unas semanas más, dejándose sin cobertura presupuestal una gran parte del año que aún resta. Las malas noticias continúan y en días recientes se ha informado por la Superintendencia Nacional de Salud que para los hospitales públicos que migraron de los planes de saneamiento fiscal y financiero (PSFF) en los que se encontraban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que ahora llegaron a los planes de gestión del riesgo (PGIR) bajo la tutela del ente de control, no dispondrán de recursos financieros para continuar ese plan de mejoramiento que habían iniciado con los PSFF y que precisamente estos recursos fueron los que les permitió mejorar su condición y categorización de riesgo financiero y garantizarles la operación en el año 2015. Y aunque desde la Superintendencias Nacional de Salud se generaron dos Circulares para contribuir a mejorar el tema de los pagos de las EPS a los prestadores de servicios de salud, la 014 (verificación cumplimiento del pago por giro directo) y la 016 (identificación de las prácticas restrictivas de la radicación de facturas, de glosas injustificadas y demás que a veces se convierten en un instrumento para no pagarle a IPS tanto públicas como privadas), con el flujo real de recursos que les llega por este concepto a las IPS, se evidencia que lo cierto es que el pago por giro directo cada vez más se comprueba que está controlado y supeditado a lo que las EPS definan. Sin embargo, la cereza del postre para esta novela de drama que viven los hospitales públicos en este país, es lo que ha dicho esta semana en Opinión y Salud el mismo Superintendente Nacional de Salud Norma Julio Muñoz, que dentro del proceso de control al giro directo, las Empresas Sociales del Estado ni siquiera la están cargando estas entidades en la plataforma dispuesta para registrar el valor de lo que se factura y paga mensualmente entre EPS y las IPS, lo que hace imposible el control y seguimiento por parte de dicha Superintendencia “Encontramos que algunas ESE no están cargando la información para el giro directo”, Supersalud). Pero si bien puede ser eso cierto, mientras se anuncian que los hospitales públicos que no han cargado la información en la mencionada plataforma dispuesta por la Superintendencia serán sujetos de sanciones, la verdad es que aún no se conocen las sanciones que por ese mismo concepto se han aplicado a las EPS morosas que además de no cargar la información, no respetan lo establecido en la normatividad vigente con respecto al pago obligatorio del 50 por ciento mínimo de la facturación radicada por operación corriente, así como por el no pago de la billonaria cartera “añeja” que tiene quebrada a la red pública hospitalaria en este país, y que en el caso de estos prestadores supera ya los 12 billones de pesos como argumenta ACESI. Todas estas consideraciones sobre las vivencias que hoy tienen los hospitales públicos en Colombia, que repito es tal vez el patrimonio social más importante de la comunidad, parecieran conducir a una realidad poco promisoria para el futuro de estos prestadores de servicios de salud y es que los hospitales públicos poco a poco se acercan a ser de hecho una especie en vía de extinción. Así las cosas, el derecho a la salud de la población pobre y vulnerable, como hace rato, sigue en franca amenaza con este tipo de circunstancias.

ubeltran@hotmail.com @ulahybelpez

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* El autor es Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.

Publicado en OPINIÓN Y SALUD (11/08/2016)