Se requieren soluciones reales, no más paliativos

Se ha hecho de todo. El Congreso de la República ha legislado de manera suficiente al respecto. El gobierno ha reglamentado lo que ha tenido que reglamentar. Pero en términos prácticos y reales, el problema sigue, es más, el problema aumenta y empeora cada día, cada mes y cada año. Y lo peor es que todos los colombianos padecemos las consecuencias de esa falta de solución definitiva ante esa grave problemática. ¿A qué nos referimos? Pues a lo que siempre se ha discutido y debatido entre los actores intervinientes en el sistema de salud colombiano, así como también ha sido abordado y analizado por casi todos los expertos que existen en este país: la cartera hospitalaria. Esa problemática que hoy más que nunca tiene en franca dificultad financiera a las instituciones prestadoras de servicios de salud en todo el país, independiente de la zona geográfica donde estén localizadas, si son públicas o privadas, si son de baja, mediana o alta complejidad, o si son para atención hospitalaria o ambulatoria. En las próximas horas debe producirse la sanción presidencial a un nuevo marco legal para el sector salud que precisamente procura corregir por enésima vez el tema del flujo de recursos entre los actores del sector salud y que corresponde al texto aprobado recientemente en el Congreso de la República del Proyecto de Ley número 109 de 2015 Cámara / 024 de 2014 Senado – acumulado con el Proyecto de ley 077 de 2015 senado, “Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

Cuando el Presidente Santos sancione dicho texto y lo convierta en Ley de la República, ya será la tercera ley que firme para mejorar la situación de iliquidez hospitalaria derivada especialmente de la cartera que no se le paga por parte de los diferentes pagadores, especialmente los aseguradores del contributivo y del subsidiado. En Santos-I ya había firmado la Ley 1438 de 2011 que es la última reforma vigente del sector y la Ley 1608 de 2013 o también conocida como Ley de cuentas maestras, y en las que se incluían apartes especiales para mejorar el tema de los pagos a las IPS. El hoy senador Alvaro Uribe Vélez ya antes cuando fue Presidente había sancionado dos leyes que entre sus propósitos precisamente pretendían darle solución al tema de la cartera de los hospitales y clínicas: la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1393 de 2010. A todos esos marcos legales hay que agregarles la reglamentación que el ejecutivo a través del Ministerio de Salud y Protección Social ha generado y sigue produciendo, sin que el efecto finalmente obtenido sea la solución plena, tornándose en medidas paliativas que corrigen síntomas y signos de la enfermedad, pero que no se convierten en remedios de fondo que aborden y corrijan de manera contundente dicha enfermedad. En ese orden de ideas, a un fallido proceso normativo que no ha alcanzado la solución que merecen las IPS en Colombia, hay que sumarle factores que han deteriorado aún más la situación, como por ejemplo las recientes megaliquidaciones de Caprecom y Saludcoop, las EPS más grandes tanto en el régimen subsidiado y contributivo, y que dejaron a prestadores públicos y privados “viendo un chispero” en sus finanzas, con deudas que se incrementaron de manera exagerada especialmente al final de la operación de ambas EPS. Por eso es que algunas personas consideran que es el momento de pensar en medidas extraordinarias de alto vuelo como un estado excepcional de emergencia social ante esos hechos sobrevinientes como fueron esas dos megaliquidaciones y la amenaza y afectación de los servicios de salud de la población colombiana ante el no pago de las billonarias acreencias que les quedaron por atender a Caprecom y Saludcoop. Hasta ahora este tipo de medidas “agresivas” no han contado con el respaldo de quienes en el gobierno tienen la responsabilidad de decidir cómo dirigir los destinos sectoriales pero también como enfrentar estas crisis que están amenazando la viabilidad de las IPS pero lo que es más grave, la continuidad de la atención de los ciudadanos en este país. Justamente esta semana en el marco del Congreso Colombiano de Hospitales y Clínicas en la ciudad de Bogotá, la dirección de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), ha informado que a diciembre 31 de 2015 la cartera hospitalaria en el país asciende a 6.1 billones de pesos, estando el 61 por ciento de dicha cartera por encima de los 60 días, lo que se constituye en una cartera “francamente vencida”. Así mismo enfatizó que en el caso de las liquidaciones de Caprecom y Saludcoop aún no se haya presentado la calificación de la deuda, “por lo que no se ven los primeros desembolsos”, agravando la crisis de iliquidez en los prestadores. Llama la atención que aseguradoras del contributivo y del subsidiado sigan operando sin cumplir las estándares obligatorios de habilitación financiera y estén “poniendo en riesgo la operación normal del día a día de toda la institucionalidad empezando por los hospitales”, tanto públicos como privados. Por ello, a pesar del nuevo escenario legal que tendría el sector una vez el Presidente Santos sancione el Proyecto de Ley citado al inicio de este escrito, creo que por lo menos para las Empresas Sociales del Estado deben considerarse opciones más contundentes que les permitan obtener el pago por sus atenciones realizadas, de tal modo que no se limiten a ver como las EPS visan los pagos que se realizan por giro directo, que resultó siendo en la práctica un giro indirecto, pues si bien el recurso mediante ese pago viene del nivel nacional vía FOSYGA, en la práctica es realmente ordenado en su cuantía por la EPS acreedora que finalmente es la que determina cuánto y cuándo se paga a la IPS. Así las cosas, herramientas jurídicas aplicables y aplicadas en otros sectores como los cobros por jurisdicción coactiva, deben considerarse y autorizarse como opciones válidas para que hagan parte del limitado arsenal normativo medianamente efectivo que tienen los prestadores, en este caso, las Empresas Sociales del Estado que son los hospitales públicos, para poder así cobrar y recibir la plata que les adeudan, que no es poca, sino una “billonada de pesos”. ¡No más soluciones paliativas para una enfermedad crónica y sobrediagnosticada del sistema de salud colombiano, se requieren medidas terapéuticas radicales y efectivas de una vez por todas!

ubeltran@hotmail.com @ulahybelpez

Blog del autor

* El autor es Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.

Publicado en OPINIÓN Y SALUD (30/06/2016)