Rechazo a una balandronada

La insolencia no pudo ser mayor. El señor Everett Eissenstat, integrante de la unidad legislativa del Senador Orrin Hatch, lanzó una velada amenaza contra Colombia por la valiente decisión tomada por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria de levantar el velo de la exclusividad de la patente de corso de la multinacional farmacéutica Novartis sobre el medicamento Imatinib, rotulado comercialmente como Glivec.

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Esta es una vieja trifulca que se viene dando en el mercado de los medicamentos entre los de marca y los genéricos, que teniendo el mismo principio activo son mucho más asequibles por sus bajos precios con respecto a aquellos. Ante la negativa de Novartis, que se rehusó a rebajar su precio un 50% como lo reclamó el Ministerio de Salud (fijándolo en $140 por miligramo), el titular de la cartera le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar de interés público, como en efecto lo es, este medicamento y abrirlo a la competencia. Y allí fue Troya. Ellos no están dispuestos a dar su brazo a torcer y de buenas a primeras osó el señor Everett espetar que si el Ministro persiste en su propósito Colombia sería objeto de “tratamiento especial”2, terminaría en capilla y tal circunstancia, según él, podría llegar a “interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EEUU”. Así de burda es la amenaza que Colombia toda debe rechazar enérgicamente. Lo que está en juego no es asunto de poca monta, la ley Estatutaria de la Salud (Ley 1751 de 2015), consagra que “el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, así de claro. Ello es lo que está reivindicando el Ministro de Salud, cuando en la 69ª Asamblea Mundial de la salud en Ginebra (Suiza) alzó su voz y en forma altiva denunció las presiones de las que viene siendo objeto por parte de la multinacional y sus alzafuelles. En este caso, como en tantos otros, es la salud de 3.200 pacientes que padecen en Colombia la leucemia mieloide crónica (LMC) la que está en juego, como también la salud de las finanzas del Sistema de atención en salud dado que atentan contra su estabilidad y sostenibilidad. Todavía no se sabe en qué va a parar este rifirrafe entre el Ministro de Salud y la multinacional suiza Novartis, pero el Ministro acaba de anunciar que obviará el trámite ante la Superintendencia y optaría por otra vía mucho más expedita para lograr el mismo propósito, que dicho medicamento sea más accesible a los pacientes. El primer paso, lógicamente, es la declaratoria de interés público de este medicamento para, a renglón seguido, como lo manifestó el Ministro, proceder a “la aplicación unilateral del precio, bajar el precio” y “será una Comisión nacional la que se encargue de fijarlo”. Dicho de otra manera, se pasaría del precio de “mercado” al precio administrado del mismo. No habría, entonces, que esperar a que la Superintendencia apruebe o desapruebe la licencia obligatoria a Novartis, despojándola de la exclusividad para producir dicho medicamento, que estaría sujeta a condiciones tales como su escasez en el mercado y este no es el caso. Si el Ministro finalmente da este paso será de efecto inmediato, que es lo que se busca, porque según él mismo, “la licencia obligatoria solo haría que ocurriera después de un tiempo”. La reacción de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) no se hizo esperar y salió en defensa, ya no de la patente de la molécula Imatinib, sino en defensa de las utilidades que el mismo le reporta a la empresa que ahora mantendría la exclusividad de su fabricación. En efecto, su Presidente Gustavo Morales, que viene de ser Superintendente de Salud (¡manes de la puerta giratoria!), “si no hay razones de interés público para expedir una licencia obligatoria, tampoco las hay para aplicarle un nuevo control de precios, ni para ningún otro efecto”.

Es decir, según él, nos tenemos que resignar a que el precio de este medicamento siga por las nubes, sin control alguno. Ello no es admisible, porque sería tanto como rendirse a los pies de los intereses creados de estos pulpos que atrapan con sus tentáculos constrictores el Sistema Nacional de la Salud (SNS). No puede permitirse que prime el interés particular sobre el interés general, que es prevalente, más en tratándose de la salud pública. La decisión tomada por el Ministro Gaviria es histórica y sienta un importante precedente en la defensa del derecho fundamental a la salud, sobre todo en tratándose de enfermedades graves y catastróficas como el cáncer.