Cerca de la paz, lejos de la justicia

Los colombianos vemos cada día más cerca la firma del acuerdo de paz entre el actual gobierno y el grupo narcoterrorista de las FARC, pero también vemos cada vez más lejos el derecho a la justicia de millones de compatriotas víctimas de la injustificable violencia. Esta situación, trae a mi memoria una frase pronunciada por el ex presidente de Uruguay José Mujica: “vale más la paz que la justicia”.

¡Pero no! Si bien la paz es un derecho que tenemos todos los colombianos, a vivir en armonía, sin pretextos, esto no nos puede llevar a olvidar el derecho a la justicia y a la reparación que tienen todas las víctimas del conflicto armado. En este caso, no se puede sacrificar un derecho por el otro.

Como en toda guerra, las víctimas son los más indefensos y desprotegidos. Esta no ha sido la excepción. Pero además, nuestras víctimas no solo han sido la población civil, también nuestra Fuerza Pública ha sido objeto de todo tipo de ataques terroristas que atentan contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Colombia como país soberano, es autónomo para resolver sus conflictos internos aplicando las herramientas que le brinda su legislación, siempre y cuando estos mecanismos no sean manto para la impunidad a delitos de lesa humanidad. En contraste, el accionar de los grupos narcoterroristas que delinquen en nuestro territorio, es precisamente el empleo de mecanismos crueles y terroristas para atentar en contra de la población civil y las instituciones del Estado.

Como nación, tenemos las experiencias de varios procesos de desmovilización de grupos armados, algunos de ellos guerrilleros y otros de autodefensa mal llamados paramilitares. Con diferentes pretextos y desdibujada ideología, pero en ambas situaciones, han pasado a la historia como protagonistas del derramamiento de sangre y sufrimiento causado al pueblo colombiano.

Para recordar, podemos citar el holocausto del Palacio de Justicia, donde vergonzosamente los terroristas terminaron indultados y ocupando cargos públicos como honorables congresistas, alcaldes y gobernadores; los defensores de la democracia fueron condenados a largas penas privativas de la libertad, y las inocentes victimas aún persisten con el inconsolable dolor de la injusticia. Esto me lleva a recordar otra frase: “el pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo”

El actual proceso de paz, nos arroja muchas expectativas, pero también nos cubre un manto de incertidumbre. Si bien el gobierno de turno tiene el deber constitucional de hacer los esfuerzos necesarios para propender por un país en paz, no podemos olvidar con quienes se está negociando. Las FARC: un grupo narcoterrorista que ha perdido toda ideología de lucha y ha maltratado al pueblo colombiano durante más de cincuenta años.

No es fácil confiar en las buenas intenciones de una organización que financia su lucha armada con las utilidades del narcotráfico, secuestra, asesina, y en fin viola todos los principios del Derecho Internacional Humanitario. Analizando el contexto, no es difícil pensar que la negociación hace parte de la estrategia narcoterrorista para llegar al poder y someternos a un régimen comunista que como modelo de gobierno ha fracasado a través de la historia.

Como colombiano hago parte de esa inmensa mayoría que quiere vivir y heredar a las nuevas generación un país en paz. Pero no quiero ni considero conveniente que eso sea el resultado de un proceso de impunidad, donde se sacrifique el derecho a la justicia para millones de víctimas con tal de satisfacer la ambición de poder de un puñado de delincuentes.

No podemos pensar que es más importante la paz que la justicia. No esta uno de estos derechos por encima del otro. Tampoco podemos olvidar los litros de sangre derramados. Lo que si es cierto, es que el pueblo colombiano esta ansioso de paz y las victimas necesitan la justicia y la reparación, pero la realidad parece ser otra: “estamos cerca de la paz y lejos de la justicia”.

sergioivando@hotmail.com