El nacimiento de Venus
- Por: Moises Pineda
- 5 jun 2016
- 3 Min. de lectura
A tono con una tradición acostumbrada a la politiquería, a la marrullería y a la trapisonda, lo que ha hecho Venus Alveiro Silva en relación con el trámite del Plan de Desarrollo de Bogotá, le servirá a sus conmilitones del Polo Democrático para crucificarlo ante la opinión pública. Lo que ha hecho Venus Alveiro Silva, es excepcional. No solo en la forma, sino también en el contenido profundamente democrático que es tan necesario en estas circunstancias en las que nos aproximamos a un cultura de los pos- acuerdos, en la que habrá que dejarse atrás la trampa, la simulación y demás formas de hacer política que equivalen a una "marranada". Lo que ha dicho en forma sintética es que los debates hay que hacerlos y, si a consecuencia de ellos, se es vencido por el voto público y sustentado, de eso se trata la democracia representativa. Tal planteamiento, a mí modo de ver, obedece a la siguiente línea de pensamiento consistente con su tradición personal y política.
Si en Colombia la Soberanía reside esencial y exclusivamente en el pueblo, que la ejerce directamente o a través de sus representantes.
Si en Colombia, como un desarrollo de la soberanía popular, existe el voto programático que es un mandato que le imponen los electores al candidato que se les propone como opción electoral para ejercer como gobernador, como alcalde con la capacidad de tomar decisiones acerca del bienestar de todos.
Si el voto programático tiene la estructura, y la forma, de un programa de gobierno en el que candidato ofrece obras, decisiones económicas y mecanismos administrativos que permitan la construcción de una visión/ imagen de Ciudad que los electores definen como viable y deseable.
Si la Visión que materializa el programa de gobierno se concreta en un plan de desarrollo en el que se definen horizontes de mediano y largo plazo que le van dando continuidad a las transformaciones, el crecimiento y la gobernabilidad de las Ciudades.
Si el cumplimiento del programa de gobierno ofrecido, es exigible hasta el punto de que su incumplimiento, es razón suficiente para convocar a los ciudadanos con el fin de revocarle el mandato al elegido.
Si todo ello es así, me pregunto si es legítimo que una fuerza política, cuyas visiones de ciudad fueron propuestas en un programa de gobierno agenciado por un candidato que fue derrotado en las urnas, pueda tomar decisiones administrativas cuya consecuencia práctica sea bloquear, impedir, trabar, dificultar el cumplimiento del programa de gobierno. Eso es lo que haría el Concejo Distrital de Bogotá si en sus actuaciones administrativas, la consecuencia es suprimir elementos esenciales para la materialización de lo ofrecido por el álcalde a sus electores, como son las fuentes de financiamiento. Creo que un comportamiento así, no es ni legítimo, ni políticamente correcto. Hacerlo, implica vaciar de eficacia el voto programático que es una de las formas materiales de la Soberanía Popular. Ese principio fundacional de nuestra democracia, no puede ser quebrantado por las decisiones de una corporación administrativa de elección popular. Por razones atribuibles a la formación de una cultura popular, los concejales se perciben a sí mismos como una expresión, en menor escala, del Poder Legislativo. Se definen a sí mismos como "el Legislativo Distrital" (Departamental o Municipal), como expresión de los atavismos que aún perviven de los antiguos Estados Soberanos y de las imaginarias Ciudades Estado. En una extraña mezcla que hace analogías entre la estructura nacional y la local, han sido dotados por el Congreso de la República de una capacidad de control político, que no es traducible, uno a uno, a las relaciones entre el Presidente y sus electores y de él con otra rama del Poder Público: el Congreso. Sin embargo, en este país en el nadie hace lo que le toca, sino que gusta de replicar lo que es atribución y competencia de otros, los Concejales quieren comportarse como Senadores y aquellos como Tenientes de Barrio. Para efectos del análisis que hago de este caso, tales relaciones entre Congresistas, Ministros y Presidente no están mediadas ni por el Voto Programático, ni por su contrapeso: la revocatoria del Mandato. Solo lo están por la Responsabilidad Política frente a unos electores que se expresan en las mayores o menores dificultades para la gobernabilidad, movilizándose, organizándose como opinión pública, grupos de presión, renovándole su confianza, o no volviendo a votar por los mismos candidatos, o por el Partido al que representan.





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