Gobierno y FARC pactan blindaje jurídico de acuerdos de paz

En un comunicado conjunto, los negociadores del gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron este jueves en La Habana un mecanismo para darle un blindaje jurídico al futuro acuerdo final de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.

"Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir" con esos objetivos, inidca el comunicado dado a conocer por ambas delegaciones.

El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC tendrá el carácter de ´Acuerdo Especial´ en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, se incorporará al ordenamiento jurídico colombiano por medio de un acto legislativo y pasará a formar parte del llamado "bloque de constitucionalidad... en sentido estricto y con carácter transitorio", ha indicado el jefe de la comisión del gobierno, Humberto de la Calle Lombana.

Según lo acordado, el gobierno se compromete a tramitar el mecanismo acordado antes del próximo 18 de mayo, al incorporarlo al proyecto de Acto Legislativo que actualmente estudia la Plenaria de la Cámara de Representantes en el cuarto de ocho debates, el cual establece instrumentos jurídicos el desarrollo normativo necesario para la implementación del Acuerdo Final de paz.

Las partes han anunciado también que el acuerdo final se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario, y que una vez se firme la paz, el gobierno solicitará al Secretario General de Naciones Unidas para que ese organismo ampare el acuerdo de paz y "lo relacione con la Resolución 2261 de 2016 del Consejo de Seguridad de la ONU (que crea una comisión de verificación de esa entidad), generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha resolución el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", indica el comunicado.

Un acuerdo que tendrá refrendación popular

De la Calle afirmó que el acuerdo de paz con las FARC es un "acuerdo político", fruto de una negociación entre un gobierno y una guerrilla, por lo que "requiere medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo", así como garantías para su cumplimiento.

"Lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando procedimientos internos propios del Estado de Derecho", ha subrayado el jefe negociador del Gobierno.

Además de apoyarse en el marco del derecho internacional, De la Calle ha aclarado que, entre estas medidas de seguridad jurídica de la paz, habrá un mecanismo de "refrendación popular", aunque aún no ha sido pactado en la mesa de La Habana.

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"El Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. El jefe de la delegación de las FARC hace pocos días abrió la puerta a una consulta popular (...) Lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado", señaló.

Por último, el jefe negociador del gobierno indicó que ambas delegaciones vienen trabajando en "fórmulas para un cese el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla, y el sistema de garantías para quienes dejen las armas y el pueblo colombiano". ACTA DIURNA / EFE.