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Manual del perfecto concesionario (I)

  • Por: Moisés Pineda
  • 10 may 2016
  • 2 Min. de lectura

Con Electricaribe volvió a cumplirse aquello de que "quien no conoce la historia, está condenado a repetirla". Veamos, ahora, qué es lo que nos han enseñado estos "Próceres", estos "Santos Laicos", estos "Héroes del Progreso" del pasado y que se repite una y otra vez a lo largo de una Historia que, según un experto en el comportamiento humano, llevaron a que Álvaro Cepeda Samudio dijera lo que le imputan, más por pudor y vergüenza que por desenfado. Primera lección: Desespere y exaspere al público para poder servirse de él.


Con el paso de los días y de los meses, los usuarios empezarán a movilizarse en son de protesta. En los años 1990 los usuarios lo hacían, unas veces para conseguir ampliar la cobertura, otras para demandar una mejor calidad en el servicio y otras para hacer manifiesto el descontento por lo elevado de las tarifas. "Es que un mal servicio, hasta gratis, es caro" se decía como un apotegma que fue modificando el pensamiento colectivo hasta hacer, no sólo deseable sino necesario, que el sector privado asumiera la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en Barranquilla. Así se aplicó para el caso del carnaval de Barranquilla. El sarao llegó a un límite en el que no era posible empeorar la situación, salvo acabando -de una vez y para siempre- la fiesta. Lo mismo ocurrió con el agua potable y con el servicio de energía eléctrica. De esa misma manera lo hicieron los contratistas extranjeros que llegaron a La Arenosa en el Siglo XIX para modernizar los servicios públicos con las nuevas tecnologías a vapor Segunda Lección: Busque quien le proteja, legal y políticamente, el negocio. Los políticos son un mal necesario. Atiéndalos, pero no se exceda. Si se descuida pueden quedarse con todo lo suyo y si es cicatero con ellos, le puede pasar lo mismo. En todo caso, es preferible tenerlos de amigos que de enemigos. Con ocasión del desastre de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, la alianza entre empresarios y políticos facilitó que se llegara a introducir en la Ley Nacional de Contratación Pública, en el artículo 81, un exótico paragrafo transitorio consagrando excepciones, durante tres años, en favor de los particulares que habían asumido los servicios de Agua Potable, Aseo y Alcantarillado. Tal era la magnitud de la catástrofe social y económica en Barranquilla que, la misma Corte Constitucional, fue benevolente con aquel inusual ordenamiento. Se configuró así, al igual que lo acaecido en el Siglo XIX con los privilegios otorgados a los empresarios extranjeros del transporte en Barranquilla, un régimen de protecciones legales respaldadas políticamente en una opinión pública desesperada que apuntaron a garantizar el monopolio en el mercado y a sacar de la puja a cualquier competidor. En el caso de La Triple AAA, los empresarios vinculados al propósito de hacerse al negocio, consiguieron que el mismo Presidente Gaviria se opusiera a que los desmovilizados del M19 se hicieran a un paquete de cien millones de pesos en acciones, que hubiera obligado al sector privado a tener que aportar una cifra igual, o superior, para mantener su participación en el negocio. Esa pretensión de la guerrilla desmovilizada, era incompatible con el propósito de los políticos y del empresariado local de hacerse al control de la Empresa "a precio de huevo".


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