Derecho a interrumpir el embarazo: ¿Qué pasa en Barranquilla?

Quiero hablar desde mi experiencia como trabajadora social y activista de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, los cuales hacen parte de la misión de la Fundación Cedesocial.

Siempre hemos constatado el dilema ético que representa el aborto. Se ha reconocido que es un tema doloroso y bastante personal, puesto que implica la capacidad de decidir o la autonomía sobre nuestro propio cuerpo, un concepto o universo profundo en el cual no todas las mujeres han tenido la oportunidad de sumergirse, mucho menos han tenido la oportunidad de cuestionar su deseo. Según Cristina Palomar: “el deseo hunde las raíces en lo inconsciente y por ello es necesario pensar en la dimensión del deseo para producir un concepto y un marco de los derechos reproductivos menos simplista y que represente una comprensión más profunda de lo que está implicado”.

En mi experiencia profesional en distintas comunidades locales lo que constatamos es el gran número de embarazos indeseados. Las mujeres que encuentro aquí y en otros lugares del mundo han abortado, abortan y abortarán. En Montréal, Canadá, tuve la oportunidad de acompañar a algunas mujeres inmigrantes en su gran mayoría, latinoamericanas pobres que decidieron por distintas razones en momentos cruciales de sus vidas, interrumpir sus embarazos.

Allí vi la gran diferencia, entre ser atendida como una humana con derechos garantizados por el Estado o acudir a una práctica clandestina llena de miedo y de la culpa atávica que cargamos las mujeres, como puede ocurrir en Colombia o cualquier otro país de América Latina. El aborto inseguro es un grave problema de salud pública. Sigue afectando a medio millón de mujeres que pone su vida en riesgo por complicaciones de un embarazo no deseado y sobre todo por el tabú y estigmatización que rodea a esta decisión.

Desde hace diez años la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia en tres circunstancias: Cuando constituye peligro para la vida o salud de la mujer, cuando existe una malformación del feto inviable con la vida y cuando el embarazo es producto de violación.

Pero del dicho al hecho! Nos toca lidiar con nuestro trecho….Barranquilla guarda silencio cuando se trata de hablar de aborto o interrupción voluntaria del embarazo (IVE): Si bien la Secretaría de Salud Distrital manifiesta y da a conocer a IPS o EPS la Guía de capacitación para la atención en salud en la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hay múltiples barreras que permanecen. Entonces, se opta por la clandestinidad antes que enfrentar a las jerarquías conservadoras, o a un sistema de salud colapsado aquí y en todo el territorio nacional. Digamos que el tiempo se dilata cuando es insostenible esperar ser atendida cuando se ha decidido solicitar una IVE.

En 2015 la Fundación Cedesocial en alianza con La Mesa por la Vida y la Salud, realizó un diagnóstico del cual queremos señalar los siguientes aspectos:

• En los marcos de política pública revisados no hay mención o programa dirigido al cumplimiento de la Sentencia C-355.

• Entidades prestadoras de salud dicen “que no hay casos porque no hay solicitudes”

• Existe una falsa creencia entre informar el derecho a la IVE y promocionar el aborto. La divulgación es prácticamente nula a raíz de esta confusión.

• Hay una rotación alta del personal en instituciones públicas, lo que implicaría un proceso de incorporación del protocolo de atención en las tres causales.

• Servidoras y servidores públicos que anteponen sus valoraciones personales y religiosas y algunas veces descalificaciones por parte de quienes evalúan el riesgo sobre todo en la causal de salud mental.

• Mayor comprensión de las causales de malformación y violencia sexual, no tanto así frente a la salud mental de la mujer.

Desde la Fundación Cedesocial, trabajamos por la promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y reconocemos los pocos escenarios públicos donde se informan, se educa, y divulgan para que exista plena garantía de los derechos de las mujeres en un Estado laico obligado a reconocer en ejercicio nuestra ciudadanía.

La autora es Directora de la revista Mujeres a toda Costa y Directora Técnica de la Fundación Cedesocial.