El Procurador que no procura

La Corte Constitucional aprobó ayer el matrimonio igualitario en Colombia, decisión que fue aplaudida por la comunidad LGBTI y que es considerada como la gran victoria de las diferentes organizaciones y grupos que, desde hace años, trabajan por la reivindicación de los derechos de estas minorías. Para algunos líderes de ésta comunidad, con este fallo han dejado de ser ciudadanos de segunda clase.

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Para las personas que consideramos que no sólo nuestra cosmovisión del mundo es la válida, que reconocemos la diversidad y los derechos de las personas que piensan o actúan diferente a nosotros y cuyos valores no son los nuestros, consideramos que la Corte Constitucional nuevamente ha ejercido su función –como lo ha hecho desde su creación- de protección de los derechos humanos de manera progresista e incluyente, y que este fallo supone un nuevo avance hacia la igualdad, que es un principio y un derecho humano que muy poco se observa en nuestro país. Pero, como es obvio en una democracia, y sobre todo en nuestra pintoresca Colombia, existen quienes opinan que esta decisión es errada. Aún, hay quienes creen que vamos directo a la debacle. Un ejemplo de ello, fue un transeúnte que escuché anoche el cual afirmaba que los colombianos nos íbamos a extinguir debido al matrimonio entre personas del mismo sexo. Tal afirmación no me atrevo a debatirla por carecer de sentido. Por su parte, Javier Suárez, director de la Fundación Marido y Mujer, afirmó que la decisión es “un golpe a la familia y la sociedad” porque “sociológicamente hay un conflicto, porque no existen los elementos que puedan darle el núcleo fundamental a una familia, no hay complementariedad psicológica, no existe el rol de autoridad de padre y madre para la tenencia de los hijos y hay una afectación emocional en los homosexuales que los hace depresivos”. A pesar de ser declaraciones que tienen un cierto dejo de discriminación, es posible ser tolerante ante ellas bajo el mismo argumento que expresé arriba sobre la diversidad. Lo que si resulta inaceptable es el ataque sistemático que el doctor Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, ha realizado en contra de la comunidad LGBTI desde que tomó posesión de su cargo. Sólo en Colombia ocurre que el funcionario que debe dedicarse a defender los derechos constitucionales de los ciudadanos, las sentencias judiciales y sobre todo, procurar por garantizar que las minorías tengan protección ante las mayorías, cualquiera que éstas sean, haga todo lo contario sin responsabilidad política alguna. Según el señor Procurador, esta decisión sepulta aspectos esenciales de la Constitución del 91 como la institución del matrimonio y la familia e impone concepciones ideológicas que atentan contra conceptos, principios y bases sociales del país y que va contra de “las tradiciones del país, contra lo que los colombianos creemos y contra lo que los colombianos hemos considerado el núcleo esencial de la sociedad”. Incluso anunció un lobby en el Congreso para la aprobación de un acto legislativo que retrotraiga la decisión de la Corte Constitucional. Es decir, sólo su cosmovisión, sus valores y las tradiciones a las que se aferra son las válidas en nuestra sociedad y únicamente quienes piensan como él son susceptibles de protección por parte de la Corte constitucional. Todo lo demás debe ser abolido, rechazado y excluido. Conclusión: es un Procurador que no procura. Por eso no falta recordarle al doctor Ordoñez que en vez de perseguir ferozmente a la comunidad LGBTI, debería ´procurar´ por que se respete la Constitución -que en nuestro país es interpretada solamente por la Corte constitucional-, promover el cumplimiento de ésta y todas las demás decisiones judiciales en vez de arremeter contra ellas, promover la igualdad de ésta y todas las demás minorías para que tanto funcionarios como ciudadanos del común respeten sus derechos, pues antes de cualquier opción que hayan tomado son personas que tienen dignidad humana, como el procurador o como yo.

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