El impuesto a la telefonía

A la pesada carga fiscal que sufrimos los barranquilleros, quienes hemos tenido que pagar dos contribuciones de valorización general continuas, los aumentos del impuesto predial por la vía del exagerado aumento del valor catastral de los inmuebles en los dos últimos gobiernos y las costosas estampillas que encarecen cualquier transacción, se nos suma a partir de hoy una nueva obligación tributaria: el impuesto a los servicios de telefonía fija y celular.

Este tributo, creado en plenas fiestas decembrinas del año pasado, cuando ya le faltaban pocos días al mandato de la ex alcaldesa Elsa Noguera y cuando el Concejo Distrital debería estar cerrado y no aprobando a las volandas y en el mínimo tiempo requerido por su reglamento una nueva carga para los contribuyentes, es una muestra más de lo poco que le importa a los gobernantes de la ciudad lo que opinan los ciudadanos sobre cómo se llevan las cosas en la ciudad.

Poco les importó las voces que se alzaron en la ciudad para indicar que los contribuyentes no soportamos un impuesto más, tampoco las objeciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre el impuesto, o las consideraciones sobre el impacto negativo que esto podría generar en la competitividad de la ciudad por parte de los diferentes gremios, incluido el de las empresas celulares (Andesco) y menos aún los antecedentes jurisprudenciales que le negaron a la ciudad de Cali el año pasado la aventura de poder gravar la telefonía celular.

Pero lo más grave resulta ser que a pesar de ser advertidos por diferentes actores de la ciudad de que un tributo de esta naturaleza era abiertamente inconstitucional e ilegal fue de todas maneras aprobado, sancionado y, a partir de hoy, será cobrado.

Y no es de extrañar. En esta ciudad ya se volvió costumbre exprimir, con cualquier excusa, los bolsillos de los contribuyentes sin tener en cuenta la dura realidad económica por la que está pasando la ciudad y el país, así como que los gobernantes tomen las decisiones despóticamente sin escuchar a la ciudadanía. Lastimosamente en Barranquilla se nos volvió ley el “Va porque va”.

Claramente este impuesto desincentiva el uso de los servicios de telefonía, genera una nueva carga en los contribuyentes, afecta la competitividad de la ciudad y encarece el acceso productivo a la tecnología. Pero el eterno gerente de la oficina de Gestión de Ingresos de la Alcaldía afirma por su parte que el recaudo del impuesto servirá para pagar las mesadas pensionados de la extinta EDT, para lo cual se utilizará un 10% del recaudo (unos $2.500 millones) y el gran restante 90% del producto del impuesto (unos $22.500 millones) será destinado a la financiación del sector deporte y para el desarrollo de actividades propias de cultura, conservación y mejoramiento de parques, espacio público y arborización.

Y este esquema de utilización del tributo es otro punto que crea suspicacias. La experiencia de los últimos 30 años nos muestra que en Barranquilla cada vez que se ha creado un nuevo impuesto cuyo recaudo queda amarrado a una destinación específica, le sigue indudablemente, una concesión. Sería bueno que el alcalde Char se comprometiera públicamente a no seguir repitiendo esa historia. Amanecerá y veremos.

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