¿Está Colombia preparada para darle atención en salud a las víctimas del conflicto?

La semana pasada se celebró en 99 ciudades colombianas con la organización de la Universidad Libre y otras muchas entidades, la V Cumbre Nacional por la Paz, habiéndose adelantado diferentes tipos de manifestaciones académicas en las que se revisaron diversos aspectos de lo que ha sido la violencia motivada por el conflicto armado en este país. Este tipo de expresiones lideradas desde la academia hacen posible que muchas personas, especialmente jóvenes que no han estado en contacto directo con el conflicto, conozcan que los sesenta años que lleva el conflicto armado en Colombia ha dejado cicatrices, muchas de ellas indelebles, en la mente de más de 6 millones de víctimas, casi un millón de personas afectadas en su salud mental por cada una de las 6 últimas décadas de este trágico episodio de historia colombiana.

Estas cicatrices se han ido tatuando en el alma de estas víctimas por el asesinato de familiares y de amigos, las lesiones producto de la guerra que han derivado en discapacidades físicas y mentales, desarraigo de las tierras de sus orígenes con la consabida pérdida de sus bienes, entre otros vejámenes. Lo más triste y lo que más duele es que de esas 6 millones de víctimas del conflicto, cerca de una tercera parte son niños que han crecido padeciendo los estragos de esta guerra loca y absurda.

Justamente son los niños quienes sufren la guerra de una manera más brutal, debiendo llevar en sus corazones figurativos, así como en la memoria de sus recuerdos y en la piel de su propio cuerpo, las cicatrices de masacres, violaciones, secuestros, asesinatos, desplazamiento y desapariciones forzadas.

Bien tiene razón la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Informe sobre el impacto que los conflictos armados han tenido en la salud mental de millones de personas, al categorizarlos como la auténtica catástrofe causada por el hombre, que resulta ser la más devastadora y abominable. Y la OMS es aún más contundente cuando al referirse al impacto de los conflictos armados en la salud emocional de los niños, cuando menciona que además de esa cicatriz causada por la violencia, en los niños la exteriorización de sus miedos mientras crecen puede confundirse con problemas normales de su edad como que les va mal en la escuela o no se concentran.

Para infortunio de las víctimas del conflicto – uno más-, la historia de la atención en salud mental de las víctimas en Colombia ha estado signada por la ausencia estatal y el abandono. Esta población que ya había sido victimizada por las espinas de la violencia, debiendo cargar sola con su sufrimiento, la nueva vida que les ha tocado vivir les impuso prioridades para subsistir que no les permitieron pensar en la tristeza ni mucho menos en la posibilidad de ser atendida para ayudar a calmar el dolor de esas cicatrices tatuadas en tantos años de sufrimientos, pues igual, no había oferta estatal calificada disponible para acudir a ella en búsqueda de esa ayuda.

Es sabido que el Estado por mucho tiempo les dio la espalda a su dolor y sólo con momentos jurídicos importantes como la tutela por la masacre de El Salado y con la expedición de la Ley de Víctimas, después de 60 años de conflicto fue que el Ministerio de Salud y Protección Social reaccionó con la estructuración y puesta en marcha del Programa de Atención Psicosocial y de Salud Integral (PAPSIVI) a esta población, al que se le puso como meta en el 2013 la tarea de cubrir a casi 4 millones de víctimas en el territorio nacional en la próxima década. La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas también ofrece este Programa con lo cual se unen dos esfuerzos estatales para tratar de recuperar esta población que históricamente estuvo olvidada y sin atender.

Cada equipo del PAPSIVI cuenta con cinco profesionales entre los cuales hay psicólogos, trabajadores sociales, médicos y un promotor comunitario, por lo general una víctima, que hace el enlace con los afectados del contacto y cuando se logra dicho contacto, se caracterizan los problemas detectados para diseñar la estrategia de apoyo correspondiente.

Y si bien en enero del 2013 se sancionó por el Presidente Santos la Ley 1616 más conocida como la “Ley de Salud Mental”, que definió “el derecho a la atención oportuna y digna, bajo los preceptos positivos de salud mental, salud integral y Atención Primaria en Salud para responder a las necesidades y demandas poblacionales”, hay situaciones que preocupan, como por ejemplo la capacidad instalada en oferta de camas hospitalarias para salud mental en Colombia.

Mientras que la OMS, establece que por cada 100 mil habitantes, deben haber por lo menos 50 camas hospitalarias asignadas y disponibles para este tipo de atención, en Colombia esta oferta es absolutamente deficitaria toda vez que no supera las 15 camas por 100 mil habitantes, siendo aún más deficitaria en algunas zonas del país como la Costa Atlántica. Y si bien el abordaje integral que se haga para recuperar la salud mental de las víctimas del conflicto armado el componente de atención intrahospitalaria debe ser sólo uno más que haga parte de una megaestrategia que además de atender la enfermedad procure la rehabilitación integral del afectado y su familia y además procure la reinserción de estas personas en la vida productiva del país, no puede ignorarse que esta oferta específica de camas de atención de salud mental en Colombia debe revisarse obligatoriamente y en lo posible reducir de manera significativa esa brecha entre lo sugerido como mínimo por la OMS y la oferta existente y a ofrecerse en el país en el inmediato futuro. Por ello y dada la estrechez fiscal que atraviesa el Ministerio de Salud y Protección Social, deberán generarse acciones financiadoras concertadas desde distintas fuentes, que incluya ahora también al Ministerio del Postconflicto como alternativa complementaria pero fundamental para obtención y uso de nuevos recursos financieros para este tipo de ajustes para mejorar la oferta hospitalaria de atención en salud mental.

Resulta innegable entonces que la estrategia que debe desarrollar el gobierno para atender a la población afectada por este tipo de violencia en el futuro inmediato de postguerra interna y que se ha denominado “postconflicto”, va mucho más allá de generar acciones puntuales de carácter individual y hasta familiar como el PAPSIVI, pues es claro que el alcance debe ser más ambicioso pues son comunidades enteras las afectadas, dado que los daños emocionales del conflicto no se limitan a lo individual ni lo familiar. En el conflicto se acaban los liderazgos que son tan necesarios en los colectivos comunitarios, y surge además la desconfianza entre quienes antes fueron vecinos y amigos.

En ese orden de ideas, así como ya lo dispuso la Corte para las víctimas del conflicto armado a quienes les asiste el derecho al restablecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la dignificación, así como la garantía de no repetición de estas perversas prácticas ocurridas a lo largo de todos estos años, el Estado también les debe garantizar de manera efectiva el derecho a la salud sin ningún tipo de obstáculos ni restricciones, pues sólo así se podrá decir que Colombia no fue inferior a un reto de tan grandes dimensiones, honrando ahora sí, aunque sea de manera tardía, los derechos fundamentales de esta sufrida población. .

ubeltran@hotmail.com @ulahybelpez

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* El autor es Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.

Publicado en OPINION Y SALUD (22/03/2016)